Actuaciones contra la Violencia
SÍ, YO PUEDO...
«Sí, yo puedo...».
Este podría ser uno de los eslóganes de cualquier campaña de publicidad
dirigida, como otras tantas, a la mujer víctima de violencia de género. Sí,
yo puedo denunciar; Sí, yo puedo frente a los malos tratos... En todas ellas,
existe un denominador común, tienen por objeto concienciar a la mujer para que
denuncie. Parece fácil decir: «Mujer, denuncia». Pero en muchas ocasiones a
la víctima le resulta muy difícil romper con los lazos económicos y
sentimentales que le unen con su agresor. La mujer, necesita estar psicológicamente
preparada para denunciar y continuar con el procedimiento hasta el final, ya que
si no es así nos encontraremos con otro caso más de renuncia, con el
consiguiente archivo y absolución del maltratador. No podemos dejar en manos de
la víctima la responsabilidad de acabar con los malos tratos. Las campañas
publicitarias deben ser de prevención y de concienciación de la sociedad. Es
necesario que todos nos involucremos frente a la violencia de género. Por ello,
debemos aplaudir todas aquellas campañas como la reciente de Fundación
Tolerancia Cero, dirigida a todos los sectores de la población: «Yo doy la
cara por las mujeres maltratadas ¿y, tú?». La mujer víctima de malos tratos
debe sentir el apoyo y el respaldo de toda la sociedad y de las entidades
institucionales. Será entonces, cuando ella misma diga: «Sí, yo puedo».
Alicia
Baixauli
José
María Gómez Villora
Juez
titular del Juzgado nº1 de Violencia sobre la Mujer de Valencia
Con
motivo del Día Internacional para combatir la violencia contra las mujeres me
han pedido que escriba unas líneas relacionadas con esta celebración. Al
recibir el encargo me dicen que les interesa mi punto de vista como titular de
uno de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer exclusivos, así como que tengo
completa libertad para darle el enfoque que mejor me parezca. Con estas dos
premisas es con las que me dispongo a intentar llevar a buen puerto la
encomienda, pidiendo de antemano disculpas por si el resultado no colma las
expectativas que depositan en mí. Sólo les pido que valoren, a modo de
atenuante, que no es el mío el oficio de escritor.
Dicho
esto y para ponerles en antecedentes, deben saber que efectivamente desempeño
mi función de magistrado en el Juzgado de Violencia Número Uno de Valencia y
que éste fue uno de los 17 órganos exclusivos que empezaron su andadura el día
29 de junio de 2005. Después de tres años y medio de funcionamiento es sin
duda un buen momento para hacer una reflexión acerca de algunas de las
cuestiones que posiblemente más preocupan o pueden interesar a los ciudadanos.
La
fundamental, tal vez, la controvertida pregunta de porqué la promulgación de
la Ley Integral contra la Violencia Sobre la Mujer no ha conseguido reducir el número
de mujeres asesinadas a manos de sus maridos o compañeros. Estoy seguro de que
estos días se publicará algún artículo de opinión que recupere ese
recurrente debate que asocia el número de víctimas al fracaso de la Ley.
Particularmente
creo que es un error el cifrar el éxito o fracaso de una norma tan compleja
como la Ley de Protección Integral contra la Violencia Sobre las Mujeres
al número de fallecidas. Es incluso un acto de mala fe cuando además se
hace esa asimilación con fines partidistas, más aún teniendo en cuenta que la
Ley se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, algo, por otro
lado, insólito en un país como el nuestro sumido en los últimos tiempos en
una insoportable crispación política.
La
cuestión es mucho más compleja de lo que pudiera parecer a primera vista y no
resulta fácil de explicar. Esa complejidad a la que me refiero, no es sino
consecuencia directa la de la propia esencia de la violencia de género. Estamos
ante una forma de criminalidad que tiene mucho que ver con la estructura de la
sociedad y la familia que durante siglos ha imperado, no sólo en nuestro país,
sino también en los de nuestro entorno cultural. Conviene recordar que las
cifras de mujeres fallecidas es incluso superior a la de España en países de
larga tradición democrática como Francia o Alemania.
Lo
cierto es que mientras las mujeres han estado sometidas a sus maridos o compañeros
y no se han atrevido a contrariar unas leyes hechas por los hombres y a la
medida de los hombres esa violencia no afloraba, y si lo hacía era aplacada
primero y justificada después por el derecho de corrección que el hombre ejercía,
con la aquiescencia de todos, respecto de su mujer. Probablemente ninguna otra
manifestación delictiva ha gozado de un grado de permisividad social como la
violencia ejercida en el seno de la familia sobre las mujeres.
Sin
embargo, en los últimos años se ha producido una verdadera revolución en
cuanto a la posición de aquellas en nuestra sociedad. Hemos asistido a la
emancipación de la mujer respecto del hombre, no sólo en el ámbito familiar,
sino también en el ámbito laboral y en el plano de las relaciones sexuales. Se
han puesto en entredicho los roles tradicionales de hombre y mujer y el modelo
eminentemente patriarcal de la familia ha quebrado. Frente a esta situación,
algunos hombres reaccionan acudiendo a la violencia en un intento desesperado
por mantener ese estatus tan favorable. Simplemente no aceptan que sus mujeres
puedan vivir sin ellos.
Por
todo ello, las mujeres que han dicho basta se han colocado en una situación de
riesgo grave. Las estadísticas arrojan que un alto porcentaje de los crímenes
de género se han producido cuando finalmente las mujeres se han decidido a
presentar la demanda de separación o divorcio.
Es
en ese contexto cuando se aprueba la Ley Orgánica 1/2004 y cuando se abre ese
debate sobre si dicha norma será capaz de contener las insoportables cifras de
homicidios.
Curiosamente,
en esa discusión, siempre se alude a las medidas penales y judiciales recogidas
en la Ley (fundamentalmente el endurecimiento de las penas y la creación de
Juzgados especializados) como remedio, casi milagroso, ante lo que todos
coinciden en calificar como una verdadera lacra social.
Como
consecuencia inevitable de lo anterior, se residencia de forma prácticamente
exclusiva en la actuación de los Jueces/zas la erradicación de la violencia de
género y simplemente se ignora toda aquella parte de la Ley concerniente a lo
que posiblemente sea su núcleo fundamental. La prevención, y , en particular,
la educación.
Hace
unos días leía a un conocido escritor que en un suplemento dominical aludía a
que la mala educación, la grosería y la violencia
se han instalado en los últimos tiempos entre nosotros. No puedo por
menos que compartir su diagnóstico y creo que el principal remedio para
combatir esa realidad pasa precisamente por la educación.
No
trato con esto de eludir la parte de responsabilidad que tenemos los Jueces/zas
en la lucha contra la violencia de género. No me entiendan mal. Como Juez trato
de aplicar las herramientas de protección que me ofrece la Ley y con los medios
de que dispongo y aunque resulte paradójico, pese a esa negra estadística, mi
impresión es la de que nunca antes en este país las mujeres habían gozado de
una protección como la que les dispensa hoy en día la Ley. Si pudieran
cuantificarse el número de mujeres cuya muerte se ha evitado, o que han
conseguido salir del círculo del maltrato tal vez el debate se plantearía en términos
más esperanzadores.
Tampoco
se trata de que no pueda criticarse la Ley. En los diversos encuentros de
Jueces/zas de violencia se han puesto de manifiesto determinados aspectos de la
misma que merecerían, quizás, una reflexión por parte del legislador de cara
a futuras reformas para favorecer la eficacia en su aplicación.
Pero
insisto, se habla poco de educación. Es un aspecto básico y probablemente el
único instrumento verdaderamente capaz de modificar conductas tan enraizadas
como el machismo, la desigualdad o el sentimiento patrimonialista de muchos
hombres respecto de las mujeres con las que comparten sus vidas. Eduquemos a
nuestros hijos en y desde la igualdad, desde el respeto a los otros, para que el
día de mañana, las situaciones que contempla esta ley sean solo historia, algo
asombroso y pasado.
Violencia
sobre la Mujer en la Comunitat Valenciana
Fuentes:
Instituto de la Mujer (IM).
Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer (DEGVM).
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
Denuncias
por malos tratos (delitos +
faltas) (Comunitat Valenciana)
2004
: 8053 (3574/Millón de Mujeres)
2006
: 9027 (3825/MM)
2007
: 9.360
2008
: 6.947 hasta 1/10/08
Nacionalidad
de la víctima :
57,96%
española
42,04%
extranjera
Nacionalidad
de agresor:
59,51%
española
40,45%
extranjera
0,04
N/C
Tasa
nacional de denuncias 2007:
3348
por millón de mujeres
Tasa
de la Comunidad Valenciana de denuncias 2007:
3816
por millón de mujeres
Relación
v
30,6%
cónyuges
7,8%
ex-cónyuges
29,55%
compañero sentimental
21,36%
ex-compañero sentimental
Tramo
de edad de la víctima y el agresor en que mayor número
1º
31- 40 años
2º
21-30 años
3º
41-50 años
Juzgados
exclusivos en Violencia de Género
Comunidad
Valenciana: 14
Alicante:
6
Castellón:
2
Valencia:
6
Además
hay 25 juzgados compatibles y 12 fiscalías
Mujeres
muertas por violencia de género
a
manos de su pareja o expareja (C. Valenciana)
2002:
9 fallecidas
2003:
7 fallecidas
9
7
9 7
8
10
8
Mujeres
usuarias de servicios de teleasistencia
(a 30-9-2008)
Alicante:
778, Castellón: 287, Valencia: 1.084
Fondo
para coadyuvar a la puesta en marcha de servicios de asistencia social integral
(C. V.)
25
de noviembre de 1960
Miguel
Lorente Acosta
El
sol debía haberse puesto, aunque la luz del día todavía guardaba intensidad
para iluminar el cielo anaranjado del atardecer, sus lágrimas, como cada vez
que regresaban de la prisión donde la dictadura encarceló a sus maridos, también
habrían caído ya en el abismo del horizonte dejado a sus espaldas, el silencio
reflexivo callaba sus palabras y el pensamiento no podía ir más allá del
recuerdo. Todo era como cada semana, todo igual, hasta que en la estrecha y
tortuosa carretera de La Cumbre un coche se cruzó en su camino y las hizo
detenerse.
Cuatro
hombres se aproximaron y las obligaron a bajar. No debieron pronunciarse muchas
palabras. Fueron asesinadas a golpes, introducidas de nuevo en su vehículo y
arrojadas por un acantilado. Eran las siete y media de la tarde del día 25 de
noviembre de 1960, y nunca más amaneció.
Las
hermanas Mirabal, Patria, María Teresa y Minerva, encabezaban la lucha contra
la dictadura de Trujillo desde la reivindicación de la igualdad de las mujeres,
y por ello fueron asesinadas.
Hoy, transcurridos 48 años de su muerte, muchas mujeres
siguen sufriendo la violencia y muriendo a manos de hombres que sienten
amenazada, cuestionada o atacada su posición de poder, y hoy, en pleno siglo
XXI, seguimos buscando una solución, quizás sin ser conscientes de que no
puede haberla para las manifestaciones de la violencia si previamente no se
resuelven las circunstancias que las originan, y con la paradoja de que el
simple reconocimiento de su existencia no es suficiente para acabar
con ella.
Esta
realidad traducida en una convivencia con la violencia sobre las mujeres, ya nos
indica que debe existir algo que la presenta como una expresión diferente a su
verdadero sentido. La fragmentación conceptual respecto a sus manifestaciones y
la división perceptiva en cuanto a su significado son las que mantienen
separadas y alejadas las piezas de un rompecabezas que esconde la verdadera
imagen de una sociedad que habla de igualdad, justicia y paz, pero que aún
defiende valores en contra de su materialización.
Son
esos valores protegidos en lo más profundo de la cultura los que levantan la
mano contra la igualdad y luego enfundan el arma en la justificación o
contextualización, y lo que en apariencia se presenta como una forma de apartar
la violencia del escenario de las relaciones sociales al relacionarla con
elementos marginales (alcohol, drogas, paro, descontrol,…) en la práctica
consigue mantener la amenaza de la violencia como una realidad al integrarla
como posibilidad bajo unas circunstancias cambiantes que pueden afectar a
cualquier hombre en una determinada situación. El planteamiento que se presenta
es claro: la violencia sobre las mujeres no existe, pero se puede presentar en
cualquier momento, y cuando ocurre, la interpretación que se hace a través de
las referencias culturales que otorgan a lo sucedido un significado para
transformarlo en percepción, la integran como parte de la normalidad o la
anormalidad; ya no es que un hombre ha matado a su mujer, sino que «un marido
en pleno arrebato por los celos ha cometido un crimen pasional».
Ahí
es donde reside una de las claves, en la necesaria transformación del código
que permite interpretar la violencia de género sobre lo extraordinario y
desviado cuando alcanza una determinada intensidad, y sobre lo normal cuando no
supera unos límites marcados más por la habitualidad que por la fuerza, de
manera que, bien por exceso o por defecto, la violencia sobre las mujeres como
tal no existe.
La
violencia de genero es un proceso, necesita construirse de forma progresiva,
levantar una estructura en la que las manifestaciones vayan integrándose como
parte de lo posible y justificándose alrededor de determinadas circunstancias,
pero al mismo tiempo ha de ser ocultada, revestida de normalidad en un
paisaje armónico en el que la actitud del hombre que controla, limita,
critica o cuestiona a su pareja se presenta bajo los colores cálidos del
afecto, y no con los matices fríos de la violencia. El análisis de la situación
histórica desde la posición actual nos muestra que cuando algo visible quiere
ser ocultado, es más fácil fragmentarlo en partes que esconderlo como un todo,
pues la ocultación de lo evidente sólo pasa por la negación de lo objetivo, y
para conseguirlo hace falta más fe que voluntad, algo que no siempre está al
alcance de quien persigue dicho fin ni cuenta con las garantías suficientes
para alcanzarlo. Por ello, para que la violencia contra las mujeres haya sido
sin ser, es decir, para aceptar la existencia de casos, pero no el significado
de los mismos, ni tomarla como una situación que va más allá de los hechos
conocidos, se plantea dividirla en contextos, circunstancias, víctimas y
agresores, y se responsabiliza a las desviaciones de estos elementos para que la
realidad esté formada tan sólo por esos sucesos, y lo real, la violencia histórica
producto de la desigualdad, continúe en la zona oscura del conocimiento. De
este modo, una sociedad daltónica en valores prefiere ver el tono gris homogéneo
de la desigualdad en lugar de los contrastes de la diferencia, y cuando la
objetividad se presenta como problema, reacciona dándole un significado
diferente para hacer de lo percibido algo distinto a lo observado y entender
que un cielo gris se
corresponde con un día luminoso ante el contraste de la noche.
No
basta el rechazo frente las manifestaciones de la violencia, como no fue
suficiente la reacción ante el asesinato de las hermanas Mirabal, hace falta un
posicionamiento crítico ante el significado de la violencia de género, ante el
hecho de que se estén utilizando la fuerza y el poder para mantener una situación
de desigualdad a consta de las mujeres. El rechazo sólo es la respuesta
emocional ante unos hechos y como tal termina disipándose en el tiempo, y
cuando todos los días del año son divisibles por 25, no basta con la reacción
afectiva, es necesaria una actitud crítica basada en el conocimiento que lleve
a la modificación de los valores que amparan la violencia y a los violentos.
25 N - Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
Fundación
Salud y Comunidad. www.fsyc.org
La
Fundación Salud y Comunidad (FSC) se une un año más a la conmemoración del
«Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres», condenando la
violencia de género. Pide que se actúe a través de la lucha conjunta de
hombres y mujeres y se manifiesta junto al resto de la sociedad contra todo tipo
de violencia y discriminación por razón de sexo. A través del Proyecto Malva,
nuestra entidad, Fundación Salud y Comunidad, se compromete socialmente con el
rechazo, la denuncia y la erradicación de la violencia contra las mujeres en
nuestra sociedad.
Teniendo
presente durante todo el año la necesidad de luchar contra la violencia contra
las mujeres, valoramos la necesidad de que exista un día especial que haga
recordar a la población que este problema existe y que es responsabilidad de
todos y de todas su erradicación.
Consideramos
importante el que exista una fecha que recuerde que todos y todas somos parte
implicada en una problemática tan grave como es la violencia contra las
mujeres, recordando que todos y todas somos susceptibles de sufrir, ejercer o
ser testigos de la misma. Es por ello que dirigimos nuestros esfuerzos tanto a víctimas
o potenciales víctimas, agresores o potenciales agresores, mujeres en riesgo de
exclusión social, adolescentes, profesionales de la salud y población en
general, informando y sensibilizando sobre los mecanismos que desencadenan los
procesos violentos, poniendo siempre especial énfasis en el papel del alcohol.
El
alcohol actúa como desinhibidor en general y como potenciador de conductas
agresivas en particular.
En
cuanto a las víctimas, muchas de las mujeres que sufren violencia de género
empiezan a consumir alcohol como forma de sobrellevar el problema, y, en los
casos en que inicialmente ya eran consumidoras de alcohol,
pueden llegar a normalizar que su pareja las maltrate, fruto de un
sentimiento de culpabilidad, miedo y menor capacidad de reacción ante capítulos
violentos.
Desde
el Proyecto Malva fomentamos, a través de las diferentes acciones que llevamos
a cabo, un planteamiento crítico hacia las diversas formas de discriminación
existentes contra las mujeres. Todo ello con el fin de favorecer un cambio de
mentalidad, actitud y comportamiento que vaya encaminado hacia la igualdad en
las relaciones entre hombres y
mujeres.
Para
conmemorar el «Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres»,
programamos diferentes actividades en las tres comunidades autónomas donde
llevamos a cabo el Proyecto Malva.
En
Barcelona realizamos talleres con mujeres en riesgo de exclusión social,
en colaboración con la Fundación Ared. A través de estos talleres se pretende
que las mujeres cuestionen las diferencias en las identidades de género
transmitidas, reflexionando sobre los mitos acerca del amor y las relaciones de
pareja y cómo el alcohol influye en este proceso. Todo ello, con el fin último
de que tomen conciencia de sus derechos y del valor que tienen por el hecho de
ser mujeres. La situación de exclusión social que caracteriza a este grupo de
mujeres, puede contribuir a agravar la violencia ejercida sobre ellas,
aumentando el riesgo y la vulnerabilidad de las mismas.
En
Madrid llevamos a cabo una actividad de sensibilización el día 24 de
noviembre en el Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos, con los
objetivos de sensibilizar sobre la vinculación violencia de género y alcohol,
cuestionar los mitos del amor romántico, lanzar un mensaje positivo y
constructivo sobre la posibilidad de salir de una situación de violencia y
acercar la violencia de género a la realidad de las relaciones de pareja de
los/as jóvenes.
Por
otra parte, enmarcado en esta celebración, los próximos días 3 y 4 de
diciembre realizaremos un curso de formación dirigido a profesionales del ámbito
de las drogodependencias de la Comunidad de Madrid, donde proporcionaremos
conocimientos teóricos sobre la violencia de género que se puedan trabajar
desde la prevención del abuso de alcohol y otras drogas. Por otra parte, les
proporcionaremos herramientas para la prevención primaria, detección precoz y
reducción de daños de la violencia de género asociada al abuso de alcohol.
Valencia
En
Valencia, iniciamos un curso dirigido a universitarios/as en las aulas de
FUNDAR, que dio comienzo el día 25, y que continuará los próximos días 2 y 9
de diciembre. En él ofreceremos información al alumnado acerca del alcohol
como facilitador de comportamientos violentos en las relaciones de pareja y
daremos a conocer los mecanismos
que desencadenan los procesos violentos haciendo especial énfasis en el papel
del alcohol.
Desde
el Proyecto Malva, pensamos que desde los programas de atención a las
drogodependencias deberían proporcionar servicios para hacer frente a las
secuelas de esta violencia. También, que los servicios de apoyo a las mujeres víctimas
de violencia deberían considerar el alcohol como un tema a incluir en la atención.
Por
otro lado, consideramos que los programas dirigidos a hombres violentos tendrían
que incluir también esta dimensión, y en el sentido inverso, desde la
rehabilitación, indagar si el hombre está ejerciendo violencia hacia su pareja
o hijas/os y reeducar en ese sentido.
Además durante toda la semana, llevamos a cabo talleres preventivos
en institutos. Consideramos que es de vital importancia sensibilizar e informar
a los y las jóvenes y adolescentes sobre la relación entre alcohol y
violencia, proporcionándoles herramientas alternativas en la resolución de
conflictos, con el objetivo último de reducir en un futuro los niveles de
relaciones abusivas relacionadas con el alcohol, e identificar los indicadores
de abuso para ser capaz de salir de ellas.
El
Proyecto Malva está subvencionado por la Conselleria de Sanidad de la
Generalitat Valenciana y el Plan Nacional sobre Drogas.
Violencia
de Gé
Milagrosa
Martínez. Presidenta de Les Corts
Valencianes
La
violencia de género sigue siendo uno de los graves problemas existentes en
nuestra sociedad. Una situación frente a la cual los ciudadanos de la Comunitat
Valenciana muestran cada vez una mayor sensibilidad.
Las
consecuencias de este tipo de violencia afectan no solamente a la mujer
maltratada sino también a los familiares más cercanos de la víctima, de ahí
la necesidad de romper el silencio que esconde este drama y que mantiene a sus
protagonistas aisladas de la realidad.
Como
mujer y máxima representante de Les Corts mantengo un compromiso firme para que
esta Institución, que representa al pueblo valenciano, continúe desempeñando
una labor encaminada a dotar a la Comunitat Valenciana de un marco legislativo
que pueda aportar soluciones.
De
hecho, el nuevo Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana en su preámbulo
y en el artículo 10 hace una mención expresa a la protección social contra la
violencia de género.
En
los últimos años, Les Corts han abordado diferentes iniciativas parlamentarias
relativas a la violencia de género, convirtiéndose éste en uno de los puntos
centrales que se ha debatido en la Comisión Parlamentaria de la Mujer y las Políticas
de Igualdad, destacando iniciativas orientadas a velar por el cumplimiento del
Principio de Igualdad recogido en la Constitución Española y en las que se
condenaba el uso de expresiones orales, escritas, audiovisuales, etc., que
fomentasen la violencia de género y atentasen contra la dignidad de la mujer.
Les
Corts en Pleno han aprobado otras resoluciones entre las que cabe destacar la
27/VI de 20 de noviembre de 2003 sobre la responsabilidad con que los grupos
parlamentarios han de actuar ante la violencia de género, o la resolución
176/VI sobre la aprobación del Plan valenciano para combatir la violencia que
se ejerce contra las mujeres 2005-2008 de 28 de septiembre de 2005.
De
este modo, les Corts, cumpliendo con su labor de representación de todos los
habitantes de la Comunitat, está creando un marco normativo adecuado que
proteja a las víctimas de la violencia de género, que fomente los cambios de
comportamiento sociales al respecto y que favorezca la puesta en marcha de
medidas tendentes a afrontar el problema.
Quiero
poner de manifiesto que con motivo del «Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer» que se celebra el 25 de noviembre, el Pleno de
Les Corts ha aprobado, por unanimidad, una declaración institucional sobre la
denominada violencia de género, lo que pone de manifiesto la voluntad política
existente, así como la coincidencia en el reconocimiento de la problemática
por parte de todas las sensibilidades representadas en la primera institución
de la Comunitat Valenciana.
Dicha
declaración expresa lo siguiente: en diciembre de 1999, la 54 Sesión de la
Asamblea de Naciones Unidas adoptó la Resolución 54/134 en la que se declaraba
el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer.
Los
Planes de Igualdad de Oportunidades y las medidas adoptadas por las
instituciones públicas para combatir la violencia de género son necesarios
para ofrecer una respuesta ante la alarmante situación que padecen muchas
mujeres. Objetivo que también persigue la Ley Integral contra la Violencia de Género,
aprobada por todos los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados.
Los
poderes públicos, las instituciones, las asociaciones y los ciudadanos en
general tienen que involucrarse de manera conjunta contra el maltrato que sufren
las mujeres.
Les
Corts Valencianes ponen de manifiesto que la inmensa mayoría de mujeres y
hombres defienden los valores del respeto, la igualdad, la solidaridad y la
convivencia, rechazando con contundencia cualquier expresión de violencia
contra la Mujer. Les Corts, un año más, renuevan su compromiso efectivo en la
eliminación de la violencia contra la Mujer.
Así
mismo, manifiestan, por un lado, su repulsa y condena social hacia los agresores
y asesinos y, por otro lado, su apoyo incondicional a las víctimas.
Finalmente,
Les Corts proclaman su compromiso político de continuar trabajando para
eliminar este tipo de violencia y continuar haciendo suyo el principio de
‘ante los malos tratos, tolerancia cero’.
Invisibilidad de una
esclavitud
Emilia
Caballero Álvarez. Sindicatura de Greuges
El
día internacional de lucha contra la trata de personas con fines de explotación
sexual fue el pasado 23 de septiembre y en esta ocasión la ministra de Igualdad
presentó a las organizaciones de mujeres que se ocupan de las víctimas un
borrador de lo que será un Plan Integral contra esta lacra. Tanto el plan como
el diálogo con las organizaciones son decisiones de capital importancia y
claramente esperanzadoras.
Hace
unos días, coincidiendo con esa fecha, acudí
a un seminario organizado por el Instituto español de la Mujer y la AECID que
se celebró en Cartagena de Indias, donde un grupo de expert@s, representantes
de instituciones y ONG’s, hemos profundizado durante una semana sobre la
situación actual de este fenómeno que tiene muchas aristas.
A
diferencia de lo que sucede con el tráfico de armas, estupefacientes o el tráfico
ilegal de emigrantes, hemos comprobado que, en general, el panorama que ofrece
esta situación es desolador. No sólo por la llamativa falta de recursos económicos
que se dedican a ello, sino también porque las penas para los tratantes son
bastante más leves que para los demás delitos de tráfico. La persecución
policial encuentra obstáculos, a veces insalvables, al llegar a los juzgados.
No existen medidas para proteger, atender e indemnizar a las víctimas y no se
contempla la prevención ni se arbitran medidas contra la demanda. Por último,
la cooperación internacional es deficiente, teniendo en cuenta que nos
encontramos ante un delito transfronterizo. Y lo que es todavía más grave, la
esclavitud sexual no está en el debate público, por el contrario es un fenómeno
invisibilizado y como consecuencia la sociedad vive de espaldas a una esclavitud
que no comercia sólo con la fuerza de trabajo de las personas, sino que lo hace
con el cuerpo y, por tanto, con la identidad de las víctimas.
Si
hacemos el esfuerzo de comparar esta situación con aquella en la que se
encuentra la lucha contra la droga: penas más graves, facilidad judicial, éxitos
policiales, centros de desintoxicación, comunidades terapéuticas, fundaciones,
conocimiento, alarma, rechazo y tolerancia cero de la ciudadanía, estaremos de
acuerdo en que debería causar perplejidad, cuando menos.
Sin
embargo, precisamente la trata de personas con fines de explotación sexual hoy
en día se perfila como un «próspero negocio». Y no es extraño si pensamos
el coste mínimo que tiene para el tratante el traslado de las víctimas y el
beneficio que obtiene durante años de las mismas. Esta razón, unida a la
demanda cada vez mayor de estos «servicios» que además se exigen más y más
«originales», «exóticos» o aberrantes, son todos elementos que, unidos a la
globalización y a la feminización de la pobreza en el tercer mundo, han hecho
que el crecimiento en los últimos 20 años no sea ya progresivo, sino
exponencial, superando en estos momentos al tráfico de estupefacientes.
Por
no haber no hay ni estadísticas fiables, pero la ONU avanza algunas cifras. Así,
entre 4 y 5 millones de personas son tratadas, de ellas entre el 85% y el 95%
son mujeres y niñas. En nuestro país son extranjeras en ese 95% y las víctimas,
entre mujeres y niñas, suman más de 500.000, siendo 1 millón los varones que
utilizan tales «servicios» y 50 millones de euros los que anualmente se gastan
los españolitos en semejante «diversión».
Las
víctimas siempre vienen engañadas, pues aún aquellas que más o menos saben
que se dedicarán a ejercer la prostitución desconocen las condiciones, porque
la realidad sólo es comparable a la que se vivía en los campos de concentración
nazis.
Confinadas
en la misma habitación donde se las prostituye, les retiran la documentación,
pagan permanentemente una deuda económica cada vez mayor, obligadas a
proporcionar del orden de 8 «servicios» diarios, sometidas a las más
aberrantes vejaciones, amenazadas ellas y sus familias en caso de que escapen,
algunas sin conocer el idioma (Europa del Este, Rusia, África Subsahariana)
llevadas de un prostíbulo a otro para que no hagan amistad con las chicas o con
algún putero, expuestas a enfermedades de transmisión sexual, entre otras, y
supeditadas a la voluntad del proxeneta, despojadas, en fin, de todo signo de
humanidad. A estas mujeres se les ha vulnerado el derecho a la vida, la
dignidad, la libertad, la integridad física y psíquica, la intimidad, etc.,
etc., etc.
Pero
estos derechos humanos no pertenecen al orden de aquellos que pueden concederse
o reconocerse. Los derechos humanos han de ser garantizados y es el Estado quien
viene obligado a hacerlo. Sin embargo, sólo la sociedad que se llame democrática
es la que consigue instituciones que garantizan tales derechos. Por eso es
necesario tomar conciencia de una realidad tan cruel que el sistema patriarcal
permite sin mover una pestaña.
No
le basta con haber naturalizado la prostitución llamándola «el oficio más
antiguo del mundo» cuando es la violencia más extrema que puede ejercerse
sobre una mujer, sino que precisamente cuando la esclavitud sexual está
creciendo desaforadamente y proporcionando beneficios sin cuento, introducen el
debate sobre abolicionismo o legalización de la prostitución como un trabajo más.
La estrategia, además de sutil, es verdaderamente eficaz, aunque diabólica, de
tal manera que cuando se intenta hablar de la trata inmediatamente aparece la
prostitución voluntaria que, en el mejor de los casos, no alcanza al 5% de las
mujeres que ejercen la prostitución. Pero, además, ¿recuerdan que cuando se
abolió la esclavitud había esclavos que no querían ser libres?
Aquí
no se trata de un debate, se trata de hacer visible uno de los crímenes más
horrendos que puedan existir. Se trata de entender que somos responsables de que
se dé esta insoportable situación. Y aunque no pertenezcamos al crimen
organizado somos cómplices de este crimen mientras lo permitamos.
Día
Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer
La
sociedad dedica el día del 25 de noviembre, a recordar el compromiso que todos
los ciudadanos tenemos en el esfuerzo por acabar con la violencia de género;
también las instituciones tienen ese compromiso, y también este día es bueno
para la reflexión y para insuflar nuevos ánimos en esta lucha por la igualdad
en la dignidad y en los derechos.
Y
en esa reflexión no podemos olvidarnos de los mayores, sin limitarla al género.
Un 5% de los ancianos españoles, es decir unos 300.000 mayores, sufren algún
tipo de maltrato, que en la mayoría de los casos no denuncian por depender
emocional o económicamente de su agresor. El progresivo envejecimiento de la
población (más patología, más dependencia, más necesidades de cuidados,...)
contribuirá a que este problema aumente aún más en los próximos años.
Y
la situación se agrava todavía más cuando hablamos de la atención no
profesional de éstos ciudadanos. Una situación en la que el desconocimiento o
la falta de disponibilidad puede acabar en un caso de maltrato familiar
inconsciente o involuntario. No nos referimos a la agresión voluntaria -física
o psicológica-, sino a aquellas conductas en las que se desatiende la obligación
de dispensar los cuidados necesarios a una persona, cuando ésta presenta una
dependencia. Ésto también es violencia.
La
gran mayoría de los casos de maltrato, más del 70%, no son agresiones físicas,
sino negligencias. Se trata de descuidos que se pueden prevenir. La sociedad
tiene que dotar de instrumentos a los cuidadores para que ésto no ocurra. Esta
clase de violencia, denominada negligencia, es una de las formas con mayor
presencia en los casos de maltrato de personas mayores en la familia, y son
consecuencia de fallas u omisiones en la provisión de cuidados que requiere el
mayor. Y esta realidad, como aseguran los expertos, se observa en todas las
clases sociales y en cualquier nivel socioeconómico.
La
protección de las personas en situación de dependencia es uno de los pilares
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que estamos
implantando en España. Un fundamento claramente recogido en el espíritu de la
Ley, en el que se prioriza que la atención sociosanitaria de estas personas se
oriente a los servicios de atención domiciliaria o en centros especializados.
Y
sólo en caso de que no hubiera acceso a estos recursos, la norma estipula que
la persona dependiente pueda ser cuidada por un familiar y que éste reciba la
prestación para su cuidado, si bien, en el caso de las personas con dependencia
severa esta situación implica un riesgo evidente.
De
hecho, recientes estudios demuestran que en más de la mitad de los casos los
maltratadores son las personas más cercanas, y en torno al 10% de las ocasiones
están implicados los cónyuges. El aislamiento social y relacionarse sólo y
exclusivamente con el cuidador familiar también eleva el riesgo de sufrir
maltrato.
De
ahí que, desde Aerte y con el respaldo de los sindicatos y la mayoría de
operadores del sector, defendamos el cuidado y la atención de las personas
dependientes en recursos profesionales, atendidos por personal y cuidadores
formados y con estrictos controles de seguridad y calidad.
Una
persona con un grado de dependencia elevado requiere de asistencia 24 horas y de
cuidados especializados, aspectos que resultan incompatibles con la atención no
profesional de un ciudadano. Y que tristemente puede acabar en un caso de
maltrato familiar inconsciente o involuntario.
Insisto
en que está fuera de duda el amor de un hijo/a por un padre o madre, pero la
violencia sobre mayores puede ser causada por cuestiones que aparentemente no
parecen graves a los ojos de la sociedad, como proporcionar dosis inadecuadas de
medicación -por exceso o por defecto- o una medicación errónea. El
aislamiento social, carencias en las necesidades básicas -alimentación,
higiene, calor, ropa adecuada al clima, asistencia sanitaria-, etc.
Sirva
un día como este para que todos reflexionemos sobre la igualdad, la dignidad y
los derechos que tiene todo ser humano. Una atención adecuada de las
necesidades sociosanitarias de una persona dependiente, puede ser más
importante de lo que creemos.
Alberto
Giménez
Actuaciones contra la Violencia
Paula Sánchez de León .
Consellera de Justicia y Administraciones Públicas
"Las
denuncias son fundamentales, pero también el cumplimiento íntegro de las
condenas"
Nacida
en Valencia en 1965, está casada y tiene dos hijos. Es licenciada en Derecho
por la Universidad de Valencia y doctora en Derecho por la misma universidad con
calificación apto cum laude por unanimidad, por la tesis «Los intereses de
demora en las deudas pecuniarias».
¿Después
de más de un año en que los Centros 24 Horas y, en general, los temas
relacionados con la violencia de Género hayan pasado de la Conselleria de
Bienestar Social a la Conselleria de Justicia, se notan beneficios evidentes?
El
traspaso de competencias se produjo con el fin de aunar en un mismo departamento
tanto los recursos jurídicos, como los asistenciales, para optimizar todos los
servicios disponibles, extrayendo el máximo rendimiento en beneficio de la
mujer maltratada. En este sentido, uno de los proyectos en los que estamos
trabajando es la interconexión telemática entre los tres Centros Mujer 24
Horas y las 44 Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, con el fin de
compartir una misma base de datos y así evitar, por un lado, la doble
victimización, es decir, que la mujer tenga que contar dos veces lo mismo en
dos sitios diferentes, y por otra, que los profesionales de uno u otro servicio
puedan obtener la información de cada caso con mayor rapidez.
¿Qué
importancia tiene la Ley de punto de Encuentro Familiar en relación con la
Violencia a las Mujeres?
El
Punto de Encuentro Familiar es un servicio social gratuito, universal y
especializado, pensado para facilitar el cumplimiento del régimen de visitas
establecido en situaciones de crisis o ruptura familiar, acordado por resolución
judicial o administrativa. Precisamente el hecho de aprobar la Ley de Puntos de
Encuentro Familiar supone garantizar la continuidad de este servicio, mediante
el cual se preserva la seguridad de la mujer frente al agresor, dando
cumplimiento además a casos en los que a éste se le ha impuesto una orden de
alejamiento. Por lo tanto, este servicio desarrolla una labor esencial en la
protección de la mujer, ya que en estos centros, 15 en toda la Comunitat, se
puede realizar el intercambio de los menores sin que los progenitores tengan que
encontrarse, por lo que se evitan situaciones que puedan derivar en violencia.
¿Tiene
pensado la Conselleria de Justicia la puesta en marcha de cursillos para
funcionarios de Justicia, y así, especializarlos en el tema del maltrato a
mujeres?. ¿En caso de existir, tienen pensado ampliarlos?
Precisamente este año hemos hecho un esfuerzo extraordinario
en potenciar la especialización de los funcionarios en esta línea. Estamos
desarrollando un plan formativo monográfico sobre violencia machista, que es
fruto del convenio de colaboración firmado en marzo entre esta Conselleria y
los representantes de los sindicatos. Con este plan se intenta conseguir la
mayor formación del personal destinado a cubrir una realidad social tan grave y
preocupante como es la violencia de género. Los cursos van dirigidos a todos
los funcionarios de los juzgados de Violencia sobre la Mujer y a los de Primera
Instancia e Instrucción con competencia en esta materia. El personal docente
está formado por diferente profesorado especializado en la materia y se tratan
temas tan variados como las medidas de alejamiento y las órdenes de protección;
la violencia física, psíquica y sexual y la creación de grupos de apoyo,
entre otros. Este plan se suma al
que anualmente se lleva a cabo desde el Instituto Valenciano de Administración
Pública cuyos destinatarios son también los funcionarios de los juzgados y
tribunales de la Comunitat.
¿Hasta
dónde llega su límite como Consellera y empieza a depender de las decisiones
del Gobierno central en las cuestiones de Violencia de Género?
Un
ejemplo de esos límites de los que me habla hace referencia a la protección de
las víctimas. Nosotros solicitamos al Gobierno central un incremento en la
dotación de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para que la protección
de las mujeres sea real y efectiva. Piense que, en la actualidad, la Comunitat
tiene un agente por cada 21 mujeres con órdenes de protección, según datos
del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder
Judicial, la segunda tasa más baja de todo el Estado. Por otro lado, me gustaría
destacar el esfuerzo de la Generalitat por crear juzgados de Violencia sobre la
Mujer en la Comunitat. De hecho, a los 12 ya existentes se unirán los dos que
pondremos en marcha en diciembre, en Gandia y Vila-real, y otros 2 el año próximo,
en Valencia y Torrevieja, hasta completar un total de 20 hasta 2011, con el fin
de que con la territorialización de los mismos se pueda dar un servicio que
abarque los 36 partidos judiciales. Es necesario que el Gobierno apruebe por fin
esta territorialización de manera que se pueda dar un servicio especializado a
todas las víctimas y que los juzgados mixtos que ahora se encargan también de
estos asuntos tengan un volumen de trabajo adecuado y no sobrecargado como
ocurre ahora.
¿Con qué leyes e instituciones cuenta la sociedad valenciana
en la actualidad para defenderse de este tipo de violencia?
Además
de los Centros Mujer 24 Horas y las Oficinas de Atención a las Víctimas del
Delito, a las que ya me he referido anteriormente, quiero destacar el servicio
gratuito de atención telefónica, el 900 58 08 88, que atiende más de
100 llamadas diarias. Disponemos además del servicio de telealarmas que
distribuyen los Centros Mujer 24 Horas a aquellas mujeres que lo solicitan
voluntariamente, que está interconectado con el teléfono 24 horas, y este a su
vez con el 112, para la movilización inmediata de los servicios de emergencias.
Desde su puesta en funcionamiento, en diciembre de 2002, un total de 226 mujeres
han optado por utilizar este sistema de protección, 86 de ellas este año. En
cuanto a la ley, es un compromiso de la Generalitat elaborar una ley autonómica
contra la violencia de género, que me comprometo a remitir a Les Corts para su
debate y aprobación durante el próximo año. Además, me gustaría recordar el
compromiso de la Generalitat con las familias
de las víctimas de esta detestable violencia, a través del ejercicio de la
acción popular en todos aquellos casos en los que un maltratador sesga la vida
de una mujer.
En
un futuro inmediato, ¿existen algunas nuevas medidas previstas para ponerse en
marcha?
Recientemente
anuncié la inmediata creación de un portal web sobre violencia de género, así
como la elaboración de una guía de recursos, que permitirá a las mujeres
conocer todos los recursos con los que cuentan de una forma fácil y accesible.
Tanto el portal web como la guía de recursos serán traducidos a los idiomas de
los colectivos de inmigrantes con mayor relevancia en la Comunitat, dado el
elevado número de casos de violencia de género la población extranjero.
Quiero recordar que la Generalitat ya ha realizado una actuación concreta de
sensibilización dirigido a la mujer inmigrante. Se trata de la publicación en
diferentes idiomas de los cuatro modelos de los folletos de los Centros Mujer,
con el lema ‘Estamos contigo’, dedicados a explicar lo que ofrece el propio
servicio, y qué hacer en caso de maltrato, acoso o agresión sexual. Estos
folletos están editados en francés, inglés, rumano y árabe, por ser los
idiomas más frecuentes entre la población extranjera de la Comunitat. Además,
con especial atención a la mujer musulmana, vamos a destinar un letrado de las
OAVD para que periódicamente realice una asistencia presencial en el Centro
Musulmán de Valencia con el fin de informar y concienciar sobre la necesidad de
reaccionar frente al maltrato.
¿Cuál
es en su opinión, la solución para atajar esta «lacra»?
Es necesario que la sociedad entera se implique para conseguir, entre todos, la erradicación de la violencia contra la mujer, para ello, es necesario arrinconar al matratador. Es muy importante llegar a cualquier víctima de maltrato, de manera especial a las mujeres inmigrantes, que están siendo víctimas de esta terrible lacra social. Las denuncias son fundamentales, pero también el cumplimiento íntegro de las condenas de los agresores, y para que esto ocurra es esencial que la legislación esté adecuada. Considero necesario que el Anteproyecto del Código Penal aborde de forma específica las penas impuestas a los maltratadores, y que incluya que el incumplimiento de una orden de alejamiento siempre será delito y nunca será excusa el consentimiento de la víctima. Además, hay que valorar la posibilidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de eliminar la exención de la obligación de declarar en las causas de violencia de género a la cónyuge víctima del delito y descendientes, para evitar que haya condenas absolutorias tras la negativa a declarar en el juicio oral contra el cónyuge agresor por parte de la víctima. Por último, es fundamental apostar por una educación en valores que evite que los jóvenes de hoy se conviertan en maltratadores en el futuro.
Mujer
Actuaciones
del Gobierno de España en aplicación
de la Ley Integral contra la
Violencia de Género
La
cronología del desarrollo y la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género nos manifiesta el
compromiso del Gobierno en la lucha contra la más execrable de las
manifestaciones de la desigualdad entre las mujeres y los hombres: la violencia
de género.
Fue
la primera ley que se aprobó en la presente legislatura y, desde que está
vigente, las medidas para su efectividad han sido constantes.
Basta
el simple repaso por las mismas para que las ciudadanas y ciudadanos comprueben
este compromiso, que no será eficaz sin la implicación de toda la sociedad en
una lucha en la que no hemos de consentir que ninguna mujer esté sola.
Diciembre
de 2004: Aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos
con representación parlamentaria.
Marzo
de 2005: Creación de la Delegación Especial del Gobierno contra la
Violencia sobre la Mujer, prevista en la Ley.
El
Consejo de Ministros aprueba la creación de los primeros juzgados exclusivos
de Violencia contra la Mujer. En la Comunitat Valenciana se crean en
Alicante y Valencia.
Mayo
de 2005: Creación de 35 puestos de fiscales especializados en Violencia
de género, ente ellas, la de Fiscal de Sala Delegada contra la
Violencia sobre la Mujer, el máximo rango de esta carrera.
También
se inicia la puesta en marcha de las Unidades de valoración integral de
la violencia de género, adscritas a los Institutos de Medicina Legal de las
comunidades autónomas, que son equipos multidisciplinares, compuestos por psicólogos,
médicos y asistentes sociales. La Generalitat Valenciana aún no ha puesto en
marcha estas unidades.
Julio
de 2005: El Consejo de Ministros aprueba la distribución del primer fondo
para la aplicación de la ley, de 10 millones de euros, que se distribuye
entre las comunidades autónomas con el objetivo de crear y consolidar las
infraestructuras necesarias para la atención a las mujeres víctimas de malos
tratos. A la Comunitat Valenciana le corresponden 1.049.471,19 euros
(10,49% del total del fondo).
Septiembre
de 2005: El Ministerio del Interior elabora una Instrucción para
reforzar la protección de las mujeres inmigrantes víctimas de Violencia de Género
por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A estas mujeres,
especialmente vulnerables por su situación de extranjeras y por su situación
de irregularidad administrativa, se les garantiza la aplicación inmediata y
preferente de la Ley Integral, quedando en suspenso la aplicación de la Ley de
Extranjería, en tanto se resuelve el expediente sobre su permiso temporal de
residencia.
Diciembre
de 2005: El Gobierno modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita con el objetivo de facilitar el procedimiento a las mujeres víctimas
de Violencia de Género.
Todos
los Colegios de Abogados establecen un régimen de guardia especializada
en Violencia de Género para el asesoramiento previo, la asistencia jurídica y
la representación de las mujeres, con subvención por parte del Ministerio de
Justicia.
Aprobación
del Real Decreto que regula las ayudas económicas a las mujeres víctimas
de Violencia de Género con especiales dificultades para encontrar empleo por su
edad, falta de preparación y circunstancias sociales. Estas ayudas, gestionadas
por las comunidades autónomas, son del equivalente a entre 12 y 24 meses de
subsidio de desempleo.
Marzo
de 2006: Regulación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la
Mujer, organismo interministerial al que corresponde el asesoramiento, la
evaluación, la elaboración de informes y estudios y las propuestas de actuación.
Los
efectivos policiales especializados en Violencia de Género se
incrementan en 290 unidades, con lo que el total de agentes especializados será
de 1.392 a final de año, frente a los 505 que había en 2005.
La
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de
Interior suscriben un Protocolo de Colaboración y Coordinación entre las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de Policía Local para
la protección de las víctimas de Violencia Doméstica y de Género.
Junio
de 2006: Creación de 3 nuevos juzgados exclusivos de Violencia
sobre las Mujeres en la Comunitat Valenciana, el primero de Castellón y el
segundo en Alicante y Valencia.
Julio
de 2006: El Consejo de Ministros aprueba la distribución del Fondo para
la aplicación de la Ley Integral, dotado con 12.000.000 euros, de
los que corresponden a la Comunitat Valenciana 1.449.094,48 Euros (12,08% del
total del fondo).
Diciembre
de 2006: Aprobación del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención
de la Violencia de Género (2007-2008) y el Catálogo de Medidas Urgentes
contra la Violencia de Género, con una dotación de 14.687.660 euros para
el Plan y 33.111.373 euros para el Catálogo. Las medidas urgentes se agrupan en
cuatro grandes objetivos: aumentar la atención y sensibilización; reforzar los
mecanismos judiciales y de protección judicial; mejorar la coordinación de
todos los profesionales que se dedican a proteger a las mujeres víctimas de
violencia de género y los recursos de todas las administraciones, y conseguir
la máxima inhibición de los agresores. En estas medidas se enmarca la creación
de las Unidades de Violencia en las Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno.
Aprobación
del Balance de la aplicación de la Ley Integral de Protección. En este
balance destacan: la puesta en marcha del servicio de teleasistencia móvil, que
cuenta con 5.436 usuarias y 660 corporaciones locales adheridas (en la Comunitat
Valenciana 837 usuarias y 55 corporaciones locales); la puesta en marcha de 40
juzgados exclusivos; el nombramiento de 50 fiscales delegados; la creación de
23 unidades de valoración integral; 804 mujeres han recibido ayuda para cambiar
de residencia y 8.223 se les ha reconocido el derecho a percibir la Renta Activa
de Inserción; la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la
Mujer se ha personado en 60 causas penales desde su creación. Se da cuenta del
un incremento de las denuncias de un 4,1 %.
Se
aprueba fijar el fondo para el servicio de Teleasistencia móvil para
mujeres víctimas de Violencia de Género durante el año 2007 en 3,586.603
euros.
Febrero
de 2007: Creación de 6 nuevos juzgados exclusivos, uno nuevo en
Valencia, y de las correspondientes plazas de fiscales.
El
Consejo de Ministros modifica el Reglamento del Registro Civil para
simplificar el cambio de apellidos, que pretende impedir que los agresores
localicen a sus víctimas.
Marzo
de 2007: Aprobación de Medidas complementarias en la lucha
contra la Violencia sobre la Mujer, entre ellas, la potenciación del servicio
de teleasistencia móvil, hasta llegar a las 20.000 usuarias, y la elaboración
de un estudio sobre este fenómeno en el mundo rural.
Mayo
de 2007: Creación de 8 nuevos juzgados exclusivos, uno de ellos
en Elx.
Se
establece las medidas oportunas para evitar que el maltratador condenado
pueda recibir beneficios directos o indirectos de su víctima por su relación
de cónyuge o ex cónyuge, como pensiones o beneficios sociales. Estas medidas
consisten en la comunicación de las sentencias firmes condenatorias a los órganos
competentes de la Seguridad Social y del Ministerio de Economía y Hacienda.
Junio
de 2007: Se adoptan toda una serie de medidas para dar cumplimento a los
acuerdos del Congreso de los Diputados en materia de Violencia de Género. Entre
otras:
Aprobación
del Plan de Comunicación, que incluye las campañas de sensibilización
y la elaboración de un código ético para los medios de comunicación,
que promueva el tratamiento adecuado de la imagen de las mujeres y de la
violencia que se ejerce contra ellas.
Aprobación
de la puesta en marcha de una base de datos, con un sistema de
indicadores homogéneos par el análisis de los perfiles de víctimas y
agresores, los diferentes tipos de violencia que se ejercen contra la mujer, el
nivel de riesgo, las medidas de protección adoptadas y el nivel de ejercicio de
los derechos reconocidos por la Ley Integral.
El
Ministerio de Justicia fija los criterios para la formación de los
operadores judiciales que actúan en los Juzgados de Violencia, así como el
calendario para la formación en la materia de los profesionales de la
Administración de Justicia; acuerda promover la guía de buenas prácticas
procesales, entre las que figurará la información sobre los posibles efectos
de la renuncia a la orden de protección por la víctima y la retirada de la
denuncia.
El
Ministerio de Interior propone a las comunidades autónomas con policía propia
y a la FEMP los criterios comunes y homogéneos para la formación en
igualdad y violencia sobre la mujer de los Cuerpos de Seguridad. Además
elaborará, con el Ministerio de Justicia, acordar un protocolo de actuación de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los abogados en los casos de
Violencia de Género.
El
Ministerio de Sanidad propone al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud (donde están representadas las comunidades autónomas, con competencia
en materia de Sanidad) los criterios comunes en la formación de los
profesionales de sanitarios en la atención a las víctimas y el
Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género.
El
Ministerio de Economía incluye en el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2008 las partidas que permitan:
*
Promover los proyectos autonómicos y locales innovadores en la
asistencia social integral de la mujeres víctimas de violencia
*
Plan específico de empleo para las mujeres víctimas
de Violencia de Género
*
Desarrollar las medidas previstas en el Plan Nacional de Sensibilización y
Prevención de la Violencia de Género, en su segundo año de ejecución.
Julio
de 2007: Convocatoria de las subvenciones a comunidades autónomas y
entidades locales para el desarrollo de Proyectos Innovadores que
garanticen el derecho a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de
Violencia de Género. La dotación de esta subvención es de 6.500.000 euros.
Agosto
de 2007: Creación de 18 nuevos juzgados exclusivos y de 18
nuevas plazas de fiscales.
Octubre
de 2007: Creación de 11 nuevos juzgados exclusivos, 5 de ellos
en la Comunitat Valenciana, en Orihuela, Benidorm, Dénia, Torrent y Paterna.
Puesta
en marcha del teléfono 016, destinado a víctimas de Violencia de Género.
El Gobierno ha destinado 1.710.292,57 euros a la puesta en funcionamiento del
016, que tiene las siguientes características:
*
Atención de consultas procedentes de todo el territorio
*
Derivación de llamadas de emergencia al 112
*
Coordinación con servicios similares de las comunidades autónomas
*
Información a las mujeres víctimas de violencia de género y a su entorno
sobre qué hacer en caso de sufrir maltrato, recursos, derechos de las víctimas
y asesoramiento jurídico
*
Información general sobre recursos y derechos y consultas jurídicas
*
Atención las 24 horas del día, gratuito y confidencial
*
Seis idiomas: los cooficiales en las comunidades autónomas, más inglés y
francés
*
900 116 016 para personas con discapacidad auditiva
Noviembre
de 2007: Campaña de sensibilización y prevención entre jóvenes
Concurso de cortos Menos es Más. Cine para ser la voz de quienes callan. Contra
la violencia sobre las mujeres: Educación. Este proyecto es un concurso de
cortometrajes dirigido al alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional
de toda España.
En
la Comunitat Valenciana se han llevado a cabo dos sesiones de proyecciones con
debates en Alicante, en las que han participado 6 institutos y alrededor de 500
alumnos. Se aprueba la concesión de las subvenciones para Proyectos Innovadores
en la asistencia social integral de las mujeres víctimas de violencia. Se
subvenciona con 100.000 euros el proyecto presentado por el Ayuntamiento de
Valencia. La Generalitat no ha presentado ningún proyecto.
El
Ministro de Trabajo entrega los Reconocimientos a la Labor contra la Violencia
de Género al Programa Los Desayunos de TVE, al cantante Víctor Manuel, a la
Asociación de Mujeres Juristas Themis, a la Policía Local de Elche y a Daniel
Oliver.
Diciembre
2007: Se regula el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos.
Aprobación
del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, uno de cuyos ejes
es la Lucha contra la Violencia de Género y regulación del Informe sobre la
aplicación del Principio de Igualdad.
Incorporación
de la responsable de la Unidad de Violencia de la subdelegación del Gobierno en
Valencia, que completa el equipo de esta Comunitat.
En
la delegación del Gobierno en la Comunitat
se constituye el Grupo de trabajo sobre Violencia de Género, que reúne
a las administraciones y entidades sociales con competencias en la materia con
el fin de coordinar las actuaciones de protección y atención a las víctimas y
mejorar sus condiciones de vida.
Se
suscribe un convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Consejo General de la Abogacía
Española para la formación y capacitación de los letrados y letradas del
turno de oficio que prestan asistencia jurídica gratuita en los procesos de
violencia de género.
Enero
2008: Se firma un convenio para que el Ministerio de Justicia facilite a
la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género los datos de
sus dos instrumentos clave en esta materia: el Registro central para la Protección
de Víctimas de la Violencia Doméstica y la Base de datos «Asklepios», de
valoración integral de las víctimas.
Febrero
2008: La Comisión Estatal de Seguridad Local ha aprobado un convenio
específico que servirá de modelo para establecer las relaciones bilaterales
que se suscriban entre los municipios (FEMP) y el Ministerio del Interior para
concretar el ejercicio de las funciones de policía judicial por la policía
local. Para ello, las policías locales se integrarán en el Sistema Estatal de
Bases de Datos Policiales, que se ha potenciado y ampliado en los últimos años.
Tendrán acceso, entre otros, a los datos de antecedentes policiales, señalamientos
nacionales, registros de vehículos o seguimiento integral de los casos de
violencia de género.
Marzo
2008: Entrega de los premios del concurso de guiones Menos es más: Cine
contra la Violencia sobre las Mujeres.
Abril
2008: Creación del Ministerio de Igualdad
Junio
de 2008: Los juzgados compatibles de Gandía y Vilareal pasan a
exclusivos de Violencia de Género.
Julio
de 2008: Se publica el convenio de colaboración entre el Ministerio de
Igualdad y la Comunitat Valenciana, para la prestación del servicio telefónico
de información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género.
Agosto
de 2008: Se modifica la Orden que establece las bases reguladoras y se
convoca la concesión de subvenciones públicas a proyectos innovadores que
garanticen el derecho a la asistencia social integral de las víctimas de
violencia de género. Importes: 4 millones para proyectos autonómicos y 2,5
para proyectos locales, en 2008.
Octubre
de 2008: se conceden las ayudas para todos los proyectos valencianos
presentados a la convocatoria de los Proyectos Innovadores del Ministerio de
Igualdad, destinadas a ayuntamientos y CCAA. Para el Ayuntamiento de Valencia se
conceden 118.708,80 euros; para el Ayuntamiento de Elx 80.000 euros y para la
Generalitat 473.135,20 euros.
Noviembre
de 2008: El Instituto de la Mujer concede una subvención de 15.910
euros a la Fundación Universidad Empresa -ADEIT- de Valencia para el Master en
Violencia de Género.
21
de noviembre de 2008: Aprobación en Consejo de Ministros del Acuerdo
para la implantación de dispositivos electrónicos de detección de proximidad
de agresores y el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de
violencia de género.
Cerca
de 19.000 personas de la Comunitat Valenciana se han sumado a la campaña ‘Yo
doy la cara por las mujeres maltratadas’, difundida por la conselleria de
Bienestar Social a través de la Fundación Tolerancia Cero.
La
directora general de la Mujer ha expresado su satisfacción ante el éxito
alcanzado por la campaña, cuyo objetivo ha sido movilizar y concienciar a toda
la sociedad de la Comunitat Valenciana sobre la necesidad de solidarizarse con
las víctimas de los malos tratos y actuar para erradicarlos, así como animar a
las mujeres maltratadas a denunciar y facilitarles el acceso a los recursos
existentes.
Además,
esta iniciativa ha pretendido sensibilizar a la sociedad para alcanzar la
verdadera y definitiva igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para
lo que ha buscado implicar a diferentes agentes sociales que abarcan desde
empresas, instituciones, y universidades, hasta personajes populares.
Condena
a los malos tratos y llamamiento a la colaboración ciudadana
Con
motivo de la reciente conmemoración del Día para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, Celia Ortega ha manifestado «la más rotunda de
condena por parte de la Generalitat a todos aquellos que vulneran los derechos
fundamentales de las mujeres», y
ha calificado este tipo de
violencia como «la más despreciable manifestación de la desigualdad que todavía
hoy sufren muchas mujeres».
En
este sentido, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, y ha
afirmado que «todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y el
deber moral de dar la cara por las mujeres maltratadas».
Entre
las acciones incluidas en la campaña de Tolerancia Cero, que se ha difundido a
través de una carpa informativa instalada en universidades, centros comerciales
y otros lugares públicos, cabe destacar la elaboración del I Estudio de Opinión
Ciudadana sobre la Violencia contra la Mujer, y los actos conmemorativos
celebrados en Valencia y Alicante el día 25, así como el que fue convocado
para el 29 de noviembre en la plaza de la Pescadería de Castellón.
El
30% de los ciudadanos conoce algún caso de maltrato en su entorno
Por
otra parte, la directora general de la Mujer y por la Igualdad, Celia Ortega, ha
afirmado que el 30% de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana conoce algún
caso de maltrato hacia las mujeres en su entorno», un porcentaje que se
incrementa hasta el 40,5% en el caso de las personas que provienen de otros países,
según se desprende del I Estudio de opinión ciudadana sobre la violencia
contra la mujer en la Comunitat Valenciana, realizado dentro de la campaña
«Yo doy la cara por las mujeres maltratadas».
Por
perfiles de edad, un 31,6% de adultos con edades comprendidas entre los 36 y 50
años afirma conocer algún caso de maltrato en su entorno, seguido muy de cerca
por aquellos que se encuentran entre los 51 y 65 años -30,3%- . El porcentaje
correspondiente a los jóvenes de entre 18 y 35 años alcanza un 28%.
Asimismo,
«el 64’6% de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana entiende que la medida
más apropiada para ayudar a las mujeres maltratadas y luchar contra esta
injusticia es el endurecimiento de las penas a los agresores».
El
informe también recoge el incremento de medidas sociales y recursos
asistenciales -46,9%- y el aumento de apoyo por parte de la sociedad -35,1%-
como otras medidas necesarias en opinión de los ciudadanos.
El
96% de los 5.262 habitantes de la Comunitat Valenciana
encuestados opina que las mujeres víctimas de maltrato deben denunciar a
sus agresores. En cuanto a los motivos que frenan las denuncias, el miedo al
maltratador se afianza en primer lugar (83,6%), seguido por la dependencia económica
(33,9%) mientras que la vergüenza, culpabilidad
y la falta de información ocupan los últimos puestos.
El
estudio revela también que un 81% de los encuestados denunciaría sin dudar el
maltrato en caso de conocerlo. Así lo ha manifestado el 85,6% de hombres frente
al 79,1% de mujeres. Este porcentaje desciende notablemente en el caso de los jóvenes
(18,6%), que afirman que se lo pensarían mucho antes de tomar esta iniciativa.
Consultados
acerca de los motivos que les impulsarían a no denunciar, un 31,2% afirma que
el miedo a posibles represalias; un 19,5% considera que es un asunto que no le
concierne y un 18,1% opina que no serviría de nada. Por último, el 30%
prefiere que sea la propia víctima quien lo haga.
Por
último, el 68,4% de los encuestados afirma saber dónde acudir en caso de
sufrir o conocer un caso de malos tratos, de éstos un 55% se decanta por
recurrir a la policía o guardia civil y un 11% conoce el número de atención a
la mujer maltratada.
La
Fundación de la Comunitat Valenciana frente a la Discriminación y los Malos
Tratos Tolerancia Cero, impulsada por la Generalitat con la colaboración de
Bancaja, se constituye como una organización sin ánimo de lucro con la
finalidad de luchar contra cualquier situación social y/o cultural que impida
la plena equiparación de derechos de la mujer con el hombre, o que comprometa
la igualdad a que tiene derecho la mujer en nuestra sociedad.
El
principal objetivo de la Fundación es garantizar la aplicación del principio
de igualdad de trato de las personas y la no discriminación directa o indirecta
por razones de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad y orientación sexual. Especialmente, pretende implicar a la sociedad en la
lucha contra la violencia que sufren las mujeres, fomentar una actitud crítica,
solidaria y comprometida frente a estas situaciones, contribuir a romper el
silencio social aún existente sobre el tema y facilitar a la ciudadanía el
acceso a los recursos existentes.
Una
extensa red de servicios y recursos
En
cuanto a los recursos destinados a las mujeres víctimas de maltrato, la
directora general de la Mujer y por la Igualdad, Celia Ortega, ha señalado que
desde el Gobierno valenciano se garantiza la asistencia y protección de las
mujeres con dificultades sociales, entre las que se encuentran las víctimas de
violencia de género y las madres gestante sin recursos, aunque «consideramos
que el ingreso en una casa de acogida es un recurso de urgencia y estamos
adoptando todas las medidas oportunas para que las mujeres no tengan que
llegar a esta situación».
Los
19 centros residenciales de los que dispone la Conselleria de Bienestar Social
para estas mujeres se dividen en tres tipos: Centros de corta estancia para
mujeres en situación de emergencia, casas de acogida y viviendas tuteladas.
Las
prestaciones que ofrecen dichos centros a las mujeres que atienden son
asistencia integral, servicios de carácter residencial como alojamiento y
manutención, tratamiento especializado, actividades de convivencia, cooperación
y autoayuda, apoyo psicosocial, asesoramiento jurídico y seguimiento
post-institucional.
Ortega
ha destacado la amplia red de servicios y recursos puesta en marcha desde la
Generalitat Valenciana para la asistencia y protección a este colectivo de
mujeres. Entre ellos, ha subrayado documentos como el Plan de Igualdad entre
Hombres y Mujeres (PIO) y la ambiciosa Ley de Igualdad.
Asimismo,
entre las medidas más efectivas para atender a las
víctimas de la violencia contra la mujer, ha resaltado los Centros Mujer
24 horas y el sistema de telealarmas, que gestiona la conselleria de Justicia y
«que ofrece a estas mujeres la garantía de que en una situación de peligro se
pondrán en marcha una serie de mecanismos de protección que les dan
tranquilidad y seguridad».
La directora general de la Mujer ha señalado que «desde el Gobierno valenciano vamos a seguir trabajando intensamente para lograr que esta injusticia desaparezca de nuestra sociedad».
Mujer
Alicia Baixauli.
Abogada, presidenta de la Sección de Violencia Doméstica del Colegio de
Abogados de Valencia
"¿Qué
es más seguro vivir con el agresor o sin él?.
Cuando la víctima lo tiene claro, denuncia"
¿Qué
función desempeña la Sección de Violencia Doméstica del Colegio de Abogados
de Valencia?
Nuestra
Sección ha sido pionera en las estructuras de los Colegios de toda España, y
la engloban más de trescientos letrados especializados en violencia doméstica.
La programación de cursos para la formación y especialización continua de los
abogados, constituye uno de los fines principales de la Sección a fin de
garantizar la adecuada defensa de los derechos de las víctimas.
¿Por
qué Violencia Doméstica y no de violencia de género?
Violencia
doméstica engloba toda la violencia que se da dentro del ámbito familiar:
padres, hijos, nietos, abuelos... Cuando es de género nos referimos
exclusivamente a la violencia que ejerce en una relación de pareja el hombre
sobre la mujer, como instrumento de poder, de dominio, de subyugación. Nuestra
Sección atiende a todos los actos de maltrato en el ámbito familiar, con
independencia de cual sea la relación de parentesco existente entre agresor y víctima.
En Valencia, dentro del Turno de Violencia Doméstica, la defensa especializada
también se extiende al presunto agresor, ya sea hombre o mujer, a fin de
garantizar, con la máxima profesionalidad, sus derechos constitucionales en un
plano de igualdad entre las partes, con independencia del sexo. Los abogados
somos garantes de los derechos de la víctima, pero también somos garantes de
los derechos del presunto agresor.
¿Puede
la mujer ser también acusada junto con el hombre en un procedimiento por un
delito de maltrato familiar?
Por
supuesto. Generalmente se da en los casos de denuncias cruzadas, es decir cuando
se denuncian mutuamente el hombre y la mujer. En estos procesos la víctima
tiene la doble condición de perjudicada e imputada. La sentencia, en la mayoría
de las veces, condena tanto al hombre como a la mujer no aceptando,
lamentablemente, la legítima defensa. Tras el procedimiento, la mujer termina
auto inculpándose por haber denunciado, no llegando a digerir la condena que
asume con verdadera rabia e impotencia preguntándose para qué denunció.
¿Quiere
decir que en determinados casos la mujer no tiene que denunciar?
No.
Cuando una mujer tiene dudas en presentar una denuncia por un delito de
violencia de género y me pregunta, yo no puedo decidir por ella pero sí le
digo: ¿Qué es más seguro vivir con el agresor o sin
él?. Cuando lo tienen claro denuncian.
Existen
otros casos en los que la mujer, frente a un delito, prefiere acudir
directamente a la vía civil y solventar su problema a través de un
procedimiento de familia, poniendo fin a su relación de pareja, sin solicitar
ninguna medida penal de protección. Pero en tales casos, a veces no se obtiene
el resultado querido, y acaba trágicamente con la muerte de la mujer.
En
determinados círculos se habla de «denuncias
falsas»..
El
hecho de que un proceso abierto por un delito de malos tratos termine con un
auto de sobreseimiento o con una sentencia absolutoria, no nos legitima para
hablar de denuncias falsas, ya que una cosa es la falsedad y otra la absolución
por falta de pruebas. ¿Sabe usted el gran número de denuncias falsas en
materia de accidentes, de seguros... y, sin embargo no se les da tanta
publicidad?. Quienes hablan de denuncias falsas son los que no creen en la
violencia de género. Son muchos los profesionales del derecho que no aceptan la
Ley de Protección Integral, y me atrevo a decir que existen abogados «sin escrúpulos»
que, ante un conflicto de familia, aconsejan a la mujer poner una denuncia por
malos tratos a su pareja a fin de obtener ciertas ventajas. Ellos, son la
verdadera lacra de la sociedad.
¿Por
qué las mujeres retiran tantas denuncias...?
Una
mujer tiene que estar preparada para denunciar y debidamente informada de sus
derechos y del procedimiento que se va a seguir, por ello la importancia de la
formación y especialidad de los profesionales que atienden a la víctima. Pero
existen muchos casos en los que las mujeres no son asesoradas desde el primer
momento y desconocen el laberinto que van a cruzar: pierden una mañana para
denunciar, al día siguiente la citan ante el Juzgado de Guardia para la orden
de protección, al otro día para declarar ante el Juzgado de Violencia sobre la
Mujer, y al siguiente para celebrar el juicio rápido. Al final se cansan de
tanto «vía crucis» y prefieren no continuar por el perjuicio laboral que les
supone.
Pero no siempre la mujer que retira la denuncia tiene
un trabajo...
Cierto.
Existen otros muchos casos en los que la mujer depende económica y
sentimentalmente del maltratador, y la denuncia supone la ruptura de ese lazo
que aún no está preparada para cortar y decide, durante el procedimiento,
volver a convivir con su agresor existiendo incluso una orden de protección.
Tras
las últimas muertes... ¿Son eficaces las ordenes de protección?.
Deberían
serlo. La orden de protección es una barrera jurídica, no física. No hay
medios humanos suficientes para proteger a cada una de las mujeres que gozan de
una orden de protección. Pienso que se han concedido muchas ordenes a mujeres
sin concurrir los requisitos exigidos por la ley, y ello perjudica a las víctimas
que verdaderamente se encuentran en una situación de «alto riesgo» las
cuales, por falta de medios personales, no están debidamente protegidas. No
toda mujer que solicita una orden de protección tiene derecho a ella. Las
ordenes deben concederse cuando efectivamente existe una situación de riesgo
para la víctima.
¿Algo
más que añadir?
Existe otro tipo de violencia de la que no se habla, que es la violencia económica, la patrimonial. Me refiero a los casos de impago de pensiones, es decir cuando el hombre obligado al pago de una pensión alimenticia, de una carga familiar..., decide no abonar ni pasar ninguna cantidad, con el fin de «machacar» a la madre de sus hijos, sa-biendo las penurias por las que está pasando. Aquí, la víctima no es sólo la mujer sino también sus hijos. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer debería conocer este tipo de delitos.
Mujer
La
Violencia de Genero como fenómeno mediático
Todos
los que trabajamos en este vasto -y a veces, también basto- campo de la
violencia de género nos tropezamos todos los días con la influencia que los
medios de comunicación, querámoslo o no, tienen o pueden tener en el fenómeno.
De hecho, yo misma me estoy sirviendo de un medio de comunicación para
expresarme. Y es que, no puede negarse, el poder de la prensa es inmenso, así
que lo que debiera hacerse es focalizarlo a nuestro favor y evitar que se
convierta en arma arrojadiza contra nuestro trabajo y, lo que es peor, contra
todas esas mujeres que suplican a gritos o en silencio toda la ayuda que podamos
darles.
De
todos es sabido que la violencia de género, máxime cuando de víctimas
mortales se trata, es objeto de atención preferente en todos los medios, bien
sea de modo divulgativo o como elemento propicio a la elevación de audiencias o
generación de espectáculo. Y es esa segunda vertiente la que debemos evitar a
toda costa. En modo alguno puede sustraerse al ciudadano el derecho a recibir
una información veraz de que goza en virtud de la propia Constitución como uno
de sus derechos fundamentales, así que intentar silenciar los hechos es, además
de inadecuado e inútil, contrario a los principios del Estado de Derecho. No
podemos huir del periodista que, haciendo su trabajo, trata de conocer la
información. No olvidemos que, si no se la proporcionamos quienes estamos en
condiciones de hacerlo, acudirán a otras fuentes. Así que, utilicemos esta
arma poderosa en lugar de huir de ella.
Los
asesinatos fruto de la violencia machista acaparan titulares y son objeto de
numerosos programas de televisión y radio. La propia ley dedica un precepto al
modo en que debe ser tratada la información, y también la publicidad,
proscribiendo todo aquello que denote discriminación o desigualdad, aunque,
como bien sabemos, no siempre se cumple.
La
pregunta que surge es ¿cómo deberían enfocar este fenómeno los medios de
comunicación?. La respuesta no es sencilla, a la vista de todo lo que vemos,
leemos u oímos todos los días. Pero no estaría de más tratar de hacer
hincapié en el hecho de que la violencia de género es algo más que crímenes
sangrientos, que se sepa de una vez que el maltrato es un delito público, tanto
o más reprochable que cualquier otro, que el maltratador es un delincuente que
merece su castigo y que las víctimas no son sólo ellas sino todos y cada uno
de nosotros, porque en cada acto de violencia de género es la sociedad la que
sufre las consecuencias, además de cada mujer en particular. Transmitir cosas
tan simples como que al agresor se le condena, y que a la mujer se la protege,
puede hacer mucho bien a todas aquellas que cada día sufren esta lacra, puede
incluso evitar que otros hechos sucedan. Puede que un buen tratamiento
informativo logre que una mujer dubitativa denuncie o que un hombre desista de
su propósito. Es más, probablemente ya lo haya logrado en algún caso.
Y,
desde luego, lo que hay que evitar a toda costa es ese espectáculo gratuito
hecho a costa de este tipo de sucesos. Habría que vedar todos los programas
donde, previo paso por taquilla, una mujer se manifiesta en contra de aquel que
trató de salvarla de su agresor, o en los que una famosilla de medio pelo
pretende sacar tajada de una agresión sucedida presuntamente hace años y que
nunca ha denunciado, sólo ante la televisión y con talonario de por medio. Y
por supuesto, hay que proscribir todos aquellos programas de supuestos
testimonios donde se pretenden reconciliaciones televisadas pese a haber
existido malos tratos con anterioridad. Los ejemplos son, lamentablemente,
muchos. Es deleznable que medios que pretenden hacer valer campañas contra los
malos tratos emitan semejantes esperpentos. Así que, como primera medida,
apaguemos la televisión y no demos a tales programas ni un segundo de
audiencia. Y en segundo lugar, seamos consecuentes: colaboremos para que los
medios dispongan de la información veraz para lograr nuestro propósito de
concienciar a la sociedad. No olvidemos que, si la información no viene de
fuentes serias, buscará otras.
El
papel de los medios de comunicación ha sido fundamental a la hora de dotar a la
violencia de género de una dimensión social y no meramente doméstica. Así
que, pongámonos manos a la obra para hacer que las previsiones de la ley en
esta materia, frecuentemente olvidadas, sean tomadas en serio, y utilicemos a
los medios de comunicación como medio efectivo de lograr nuestro objetivo. No
hay que tenerles miedo. Yo misma me estoy valiendo de ellos para poder
transmitir este mensaje. Y cada uno de los lectores de estas palabras, también.
Susana
Gisbert Grifo
Los menores, los grandes ausentes de la Ley Integra
Ante
la publicación de la Ley Integral y las pasiones que ha levantado la misma -con
posicionamientos doctrinales opuestos e irreconciliables sobre la interpretación
de su controvertido artículo 1-, me pregunto si, dejando de lado lo ya resuelto
por el Tribunal Constitucional, alguien se ha parado un momento a pensar en el
grave problema que se plantea en una familia, considerada en su acepción
extensa, cuando existe una agresión de violencia de género. El problema es en
qué lugar quedan y qué medidas se adoptan con respecto a aquellos hijos,
menores de edad, que presencian dichas situaciones de violencia, ya física, ya
de carácter psicológico, entre sus progenitores.
El
Título Preliminar de la Ley Integral, cargado de buenas intenciones, dedica en
su Capítulo Primero, entre las medidas de sensibilización, prevención y
detección, una considerable parte a las que se deben adoptar en el ámbito
educativo de nuestros hijos, en sus colegios e institutos. Son medidas basadas
en la igualdad y aparecen concebidas como medios preventivos para evitar que en
el futuro se puedan seguir dando estas situaciones de violencia de carácter
machista en las relaciones interpersonales. Pero, ¿qué soluciones aporta la
Ley para los menores testigos de situaciones de este tipo de violencia?
Como
testigos, muchas veces únicos, de
las agresiones producidas por su padre a su madre los niños son utilizados por
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para que declaren sobre lo que han
visto y presenciado, llegando a ser tremendamente duro, no sólo para los que
escuchamos su relato de los hechos , sino para ellos mismos, que entienden
perfectamente que están declarando contra su padre por el comportamiento que ha
tenido con su madre. No podemos olvidar que la mayoría de las veces las
exploraciones son efectuadas en las dependencias judiciales, que se les aparecen
como lugares fríos, distantes y desconocidos para ellos y esta circunstancia
puede posteriormente influir en sus posteriores comportamientos, los cuales
nosotros ya desconoceremos porque su función en el proceso judicial ya ha
terminado con su declaración.
Tenemos
que sensibilizarnos y tenemos que reclamar de los poderes públicos que, así
como la Ley prevé medidas de carácter asistencial y económicas para las
mujeres que sufren agresiones por sus parejas, lo mismo debería hacerse con
respecto a los hijos menores de dichas parejas inmersas en el proceso judicial,
considerándolos también víctimas de violencia de género. Es necesario que
ello se efectúe adoptando las medidas de protección necesarias para evitar que
en su crecimiento pueda influir la violencia que han presenciado en sus hogares.
Curiosamente
los niños, que son los más necesitados de protección, aparecen como los más
desprotegidos. Debiéramos ponernos manos a la obra para evitarles mayores
sufrimientos que el que ya llevan consigo, en sus cuerpos y en sus almas. Quizá
ésa sería la manera de debilitar el primer eslabón de la cadena de la
violencia de género, y es posible que atacando ese primer eslabón demos el
primer paso para hacer que el día de mañana desaparezca esta lacra que a
diario atenaza a miles de mujeres, a miles de niños, y a la sociedad entera. No
olvidemos que parte de la solución puede estar en nuestras manos.
Socorro
Zaragozá
El clamor de
las voces
La
lacra de la violencia sobre las mujeres -puro machismo, para entendernos- es un
verdadera indignidad para la sociedad. Y lo es porque esa violencia ataca de un
modo directo los fundamentos de toda sociedad que se precie de tal: libertad
para todos, igualdad para todos, dignidad para todos.
Y
vienen a mi mente dos ideas manifestada en al reciente entrega de los premios Príncipe
de Asturias. En primer lugar, Todorov: «ser civilizado significa ser capaz de
reconocer plenamente la humanidad de los otros». Y no somos ciudadanos cuando
permitimos, casi sin hacer nada, la barbarie de la violencia sobre las mujeres.
¡Casi sin hacer nada!
Ahora
Ingrid Betancourt; «personas que no tenían, salvo su voz, ningún medio para
ayudarnos; ellos no tenían fortuna, ni tampoco poder, y mucho menos influencia;
sólo tenían el insoportable peso del dolor nuestro; estos vecinos nuestros
rompieron el círculo vicioso de la indiferencia». ¡Y todos somos vecinos de
todos en esta aldea global en que se ha convertido la sociedad!
Basta
ya de minutos de silencio -que también-, hay que alzar la voz. Y alzar la voz
es apoyar a la mujer maltratada para que salga de su infierno. Ojalá ninguna
mujer se encuentre sola -nunca caminareis solos, reza el himno del Liverpool-.
Es compañía, es escucha, es tender la mano con el apoyo, es… ¡que nunca
camine sola!
Y
alzar la voz es denunciar los malos tratos que suceden a nuestro alrededor. Los
datos afirman que esta creciendo el número de denuncias presentadas por
familiares y vecinos. Debe seguir creciendo, se debe escuchar más alta la voz
de quienes, rompiendo la indiferencia, se muestran solidarios con la mujer
maltratada.
Un paso mas en la lucha por erradicar la violencia machista es
alzar la voz, pero una voz cercana, muy próxima a la mujer maltratada, una voz
que la escuche, también muy cercana, el maltratador y que le pare los pies, que
le detenga en su barbarie, que le muestre su indignidad. Dejemos que los
expertos mejoren las leyes existentes. Dejemos que los jueces hagan cumplir las
normas y castiguen los delitos. La mujer maltratada necesita la voz cercana de
los familiares, amigos, compañeros y vecinos. Rasguemos el silencio con nuestra
voz firme y enérgica en apoyo a la mujer y denuncia del delincuente. Están
bien los aplausos para los héroes,
pero debemos salir de la masa de cobardes que callan, miran hacia otro lado o se
encogen de hombros. Ojalá no se hable de héroes porque todos lo seamos, porque
hayamos de dejados de ser un tanto, o un mucho,
cobardes.
No
son estas palabras solamente poesía o manifestación de buenas intenciones. Son
expresión de la necesidad que tiene la realidad social de esta lacra de estas
voces cercanas. Y no sería honrado conmigo mismo si dejara de mencionar una voz
cercana absolutamente necesaria para la victoria final: la implicación de la
Policía Local es imprescindible y urgente.
Dice
el aria; mi beso romperá el silencio. Pues eso… ¡que nuestra voz rompa el
silencio y el clamor anime a la mujer y acalle al maltratador! Que nadie duerma,
al alba venceré, venceremos.
José-Antonio
Burriel
"Desde
2005 se han formado a 4.057 efectivos policiales mediante ciclos formativos
sobre violencia de género"
Se
ha leído en prensa que la Generalitat Valenciana quiere pedir la competencia
sobre Violencia de Género para la policía autonómica. ¿Cómo está el
asunto?. ¿Qué planes existen?
En
estos momentos contamos dentro de la Policía de la Generalitat (Unidad
Adscrita), con el «Grupo de Menores y Atención a la Mujer», que desarrolla
labores de protección de mujeres maltratadas. Sólo del año 2006 al año 2007
sus actuaciones se han incrementado un 71,01%, por tanto serían necesarios más
efectivos y es lo que venimos reclamando al Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero desde hace tiempo.
Sus
funciones actuales son de acompañamiento a mujeres maltratadas en los traslados
desde los centro Mujer 24 horas, centros de atención a la mujer y centros de
acogida materno-infantil a sedes judiciales y/o recursos habilitados por dichos
centros.
Por
otro lado, los efectivos de la Policía de la Generalitat (Unidad Adscrita) en
sus funciones de colaboración con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (CNP y Guardia Civil) han
efectuado importantes detenciones de presuntos autores de malos tratos en el ámbito
familiar.
El
Gobierno valenciano es consciente de la problemática actual, no nos deja
indiferentes que seamos desde el año 2003 la tercera comunidad autónoma en número
de mujeres asesinadas por su pareja, y que según datos del Consejo General del
Poder Judicial estemos entre las comunidades autónomas con más tasa de
denuncias por violencia doméstica.
Por
ello, deseamos potenciar las competencias de la Policía de la Generalitat y
entre ellas, las relativas a actuaciones relacionadas con la violencia de género.
Ya que además de las que hasta ahora vienen ejerciendo podrían asumir
competencias tales como:
-
Una colaboración más amplia con los servicios de Atención a la mujer 24 horas
de la Generalitat.
-
Apoyo a las policías locales de la Comunitat Valenciana, en relación a la
protección de mujeres maltratadas.
-
Acompañamiento a petición de la autoridad judicial para su protección.
-
Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la protección de la
mujer maltratada.
-
Traslados a juicios, centros sanitarios y visitas familiares.
Pero
para todo eso necesitamos más efectivos, a fecha de hoy seguimos esperando una
contestación por parte del Gobierno central a nuestra propuesta de ampliación
de competencias y número de efectivos de la policía de la Generalitat (Unidad
Adscrita).
En
este sentido, sentimos cierto trato desigual y discriminatorio por parte del
Gobierno central, hacia nuestra Comunitat respecto a otras comunidades autónomas
que también cuentan con el mismo modelo de Unidad Adscrita, en cuanto que se
les otorga al gobierno regional más capacidad de decisión en algunos aspectos
o cuentan con más efectivos en proporción a su población.
No
obstante, yo confío que esto no sea un obstáculo y que en un espacio corto de
tiempo podamos desarrollar dichas actuaciones, en ello ponemos todos nuestros
esfuerzos, porque el entendimiento, la colaboración y cooperación entre
administraciones públicas en materia de seguridad es esencial. Ya que el
ciudadano cuando necesita algún servicio de seguridad no quiere preguntar que
cuerpo policial es el competente quiere una respuesta inmediata.
La
reciente guía del CGPJ insiste en la necesidad de una formación especializada
en Violencia de Género. ¿En qué consistirá la mencionada formación?
El
Instituto Valenciano de Seguridad Pública, desde hace algunos años viene
impulsado la realización de ciclos formativos sobre violencia de género
dirigidos a profesionales de las Fuerzas de Seguridad, Policía de la
Generalitat y Local . Desde el año 2005 hasta la fecha, se han formado un total
de 4.057 efectivos policiales en un total de 141 cursos homologados, monográficos
y selectivos.
Esta
formación se ha impartido desde una doble vertiente teórica y práctica, tanto
de transmisión de conocimientos jurídicos, psicológicos, sociales y
administrativos sobre la materia como al mismo tiempo de protocolos de actuación
policial ante este tipo de delitos. Se trata con ello de poner a disposición de
nuestras policías todas las herramientas necesarias para saber actuar de la
mejor forma, y de este modo prestar un servicio público de calidad, en un ámbito
tan esencial para el bienestar de nuestra sociedad, como es el de la seguridad.
De
hecho, el próximo día 11 de diciembre se celebran unas Jornadas específicas
organizadas por el IVASP, en el complejo educativo de Cheste, dirigidas a
alumnos del curso básico y jefes de Policía Local de toda nuestra Comunitat y
con participación de 4 municipios (Valencia, Villarreal, Tavernes Blanques,
Cullera) que han implantado dentro del Cuerpo de Policía Local, un grupo
especializado en esta materia, con el objetivo que cada uno exponga su modelo de
gestión y actuación y crear así un encuentro técnico de profesionales para
confrontar experiencias.
Existen
grupos especiales de policía local para la atención a las mujeres maltratadas:
Villarreal, Valencia, Elche o Alicante son algunos de los ejemplos. ¿Va a
impulsar la Conselleria de Gobernación la creación de más policía local
especializada en atención a mujeres maltratadas?
Todo
modelo policial que pretenda ser eficaz debe asentarse en pilares básicos tales
como la profesionalización y especialización de sus efectivos. Desde la
Conselleria de Gobernación se están realizando muchas acciones encaminadas a
potenciar la especialización en distintos ámbitos entre ellos, la violencia
doméstica.
Por
ejemplo, con la modificación de la Ley de Policías Locales se recoge una
cobertura legal suficiente para la creación de grupos especializados dentro de
las plantillas de Policía Local de nuestra Comunitat.
O
con el nuevo Plan de Formación del nuevo Instituto Valenciano de Seguridad y
Emergencias (IVASPE) se mejora considerablemente la oferta formativa para
nuestros policías en distintos ámbitos. El nuevo IVASPE permitirá multiplicar
por 7 la superficie actual pasando de 4.000 m2 a 28.864 m2, queremos que sea un
Instituto de referencia en el que se potencie la colaboración institucional no
sólo con las Universidades, también con el Poder Judicial, la Fiscalía,
...etc y así garantizar una formación, capacitación y actualización
profesional permanente de las policías locales, entre otras materias en
violencia doméstica. En dicho instituto se establecerá también un sistema
bibliográfico, documental y de información legislativa.
¿Prepara
la Conselleria de Gobernación alguna medida más contra la Violencia de Género?
Hemos
presentado el Plan de Infraestructuras de Seguridad y Emergencias (PLISE), que
recoge la creación de 7 nuevas sedes comarcales de la Policía de la
Generalitat (en Benicarló, Vall d´Alba, Llíria, Requena, Cullera, Benissa,
Xixona) esto permitirá conforme vayan incrementando el número de efectivos
potenciar sus competencias entre otras materias en violencia de género y
actuaciones respecto a otros colectivos de riesgo, como menores, tercera edad,
discapacitados. Al mismo tiempo, podremos crear una red de apoyo de la Policía
de la Generalitat a las Policías Locales y también, a los pequeños municipios
que no cuentan con cuerpo de policía local, entre otras actuaciones respecto a
las relacionadas con la violencia doméstica.
¿Algo
más que añadir?
Solamente quisiera agradecer a vuestra publicación la oportunidad que me ha ofrecido de dar a conocer nuestras actuaciones y proyectos con relación a esta lacra social que a día de hoy nos toca vivir y que es nuestro deseo contribuir junto con el resto de administraciones públicas en su erradicación.
Mujer
La
gran responsabilidad de ser mujer e inmigrante
Hace
ya sesenta años que se suscribió la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, cuyo primer artículo establece: «Todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están, de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». Pues bien, pese al
tiempo transcurrido desde aquella firma, en diciembre de 1948, todavía
permanecen en la actualidad demasiados países y sectores ensombrecidos por la
vulneración de esos derechos, tan esenciales.
Así
lo demuestra la celebración, recientemente, del Día internacional de la lucha
contra la violencia hacia las mujeres, fecha que viene marcada por la terrible
magnitud de las noticias que debemos escuchar cotidianamente. Una jornada que
todos desearíamos no tener que marcar en el calendario. Y cuyo contenido
quedara como estudio para los historiadores. Como lacra de un tiempo,
felizmente, ido.
Pero,
por desgracia, la realidad es otra. Y muy desalmada. Los datos, escalofriantes y
conmovedores, arrojan que en lo que va de año son ya 57 las mujeres que han
fallecido en España a manos de sus parejas. También hemos sabido recientemente
que en el gran complejo penitenciario de Picassent, los delincuentes a causa de
la violencia de género ya superan a los que delinquen contra la propiedad. Es
un asunto, pues, gravísimo y muy extendido, ante el que nadie debe quedarse de
brazos cruzados ni mirar hacia otro lado. Contribuir a la erradicación de este
drama forma parte de nuestra obligación como ciudadanos. Se trata de un desafío
al que la sociedad valenciana debe responder con intensidad y compromiso. Porque
el diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo forman parte del patrimonio democrático
que cada uno debemos salvaguardar día a día.
La
violencia contra la mujer es una tragedia que no hace distinciones de edad,
religión, clase, cultura… únicamente de género. Así, el 46% de las víctimas
es de nacionalidad extranjera. Detrás de ese porcentaje tan inquietante hay
nombres, apellidos, familias, historias personales. Vidas rotas por la más
sorda de las violencias; por esa tortura secreta y cotidiana. Y no debemos
olvidar que el contexto de la mujer inmigrante es, muy a menudo, de especial
vulnerabilidad. Solas, alejadas de sus familias, desconocedoras de los derechos
y deberes constitucionales del país de acogida, estas mujeres no tienen muchas
veces más trato que el de sus propios verdugos. Aparte de ello, denunciar su
situación intolerable continúa siendo para muchas de ellas, y por razones mal
llamadas culturales, una humillación ante sus compatriotas vecinos.
La
feminización del fenómeno migratorio es un hecho. Hoy en día viven en la
Comunitat Valenciana 400.000 mil mujeres extranjeras, lo que ya supone el 46,7
por ciento de la población foránea. Hace apenas siete años, eran solo
191.000, lo que prueba su creciente presencia en nuestra Comunitat. Este
crecimiento, tan pronunciado, obliga a aumentar las medidas para la plena
incorporación de las mujeres inmigrantes la sociedad.
El
colectivo de las mujeres inmigrantes es muy variado; lo que lleva a desterrar
cualquier estereotipo al respecto. En la actualidad, además, las migraciones
femeninas no están unidas invariablemente a las masculinas. Existen casos de
reagrupación familiar y de acompañamiento de la pareja, aunque cada vez son más
los supuestos marcados por la voluntad de independencia. Ahora bien, el rol de
la mujer inmigrante sí está mucho más encasillado, en niveles laborales básicos.
Preferentemente, en el ámbito doméstico, la hostelería o la asistencia
domiciliar.
Existe,
en nuestra sociedad, una creciente preocupación por los casos de violencia
contra las mujeres. Los ciudadanos están mucho más concienciados y se han
puesto en marcha mecanismos nuevos por parte de la Administración para
perseguir con más eficacia este terrible delito. Pero ello no es suficiente.
Por mi parte, y como titular del departamento del Gobierno Valenciano de
Inmigración, mi responsabilidad me impulsa a tomar cartas en el asunto y a
aportar nuevas iniciativas dirigidas a aquellas mujeres venidas de otros países
que padecen tan infame maltrato.
Desde
la Generalitat, contando con la colaboración de entidades valencianas, estamos
trabajando para favorecer la autoestima de la mujer inmigrante. Para hacer
posible su independencia y para evitar posibles situaciones de exclusión. La
recién aprobada Ley de Integración de los Inmigrantes contiene un capítulo
específico dedicado a las mujeres, y en él se promueven pautas para atender a
las que se encuentren en riesgo, o excluidas socialmente. De este modo, se velará
por la prevención de escenarios que puedan ocasionar abandonos, malos tratos o
la dependencia absoluta del varón.
Dicha
ley también contempla la realización de actividades formativas para las
mujeres inmigrantes, como vía de desarrollo personal e integración social.
Asimismo, y para lograr una efectiva igualdad de oportunidades, está previsto
que el Gobierno valenciano les informe sobre sus derechos así como de los
servicios creados para ellas.
La
situación de la mujer inmigrante es una de las máximas prioridades para el
Consell, pues en dichas personas se suman dos factores de desigualdad contra los
que los poderes públicos han de luchar intensa y coordinadamente: ser mujer y
ser inmigrante. Por ello, en la Ley se establecen planes concretos de actuación
en materia de formación y educación destinados a la mujer. Y, en su
consecuencia, se ofrecerán a las mujeres inmigrantes los medios e instrumentos
que les permitan reconocer y encontrar su posición igualitaria en la sociedad
de acogida.
Quiero
concluir con el segundo artículo de la Declaración universal de los Derechos
Humanos: «Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición».
Rafael
Blasco Castany
La actualidad de la
Violencia de Género
Los
acontecimientos ocurridos recientemente en materia de violencia de género son
suficientemente expresivos de las características y dificultades de la batalla
que toda la sociedad hemos emprendido contra dicha lacra.
En
primer lugar, la presencia de una violencia de la máxima expresión, una
violencia que no vacila en llegar hasta la muerte de la mujer y que, incluso, se
amplía a la muerte de otras personas.
En
segundo lugar, unos delincuentes que no tienen el menor aprecio por sus vidas y
que, tras el asesinato cometido, intentan poner fin a la suya propia. Este dato,
expresivo de una crisis vital profunda, de una pérdida de sentido de la propia
vida ligada a la relación con otra persona, nos pone de manifiesto que la
violencia de género entronca con una determinada cultura de relación de
pareja, una cultura machista en la que el hombre se considera en condiciones de
disponer de la vida de la mujer y que, tras el fracaso de dicha relación,
considera carente de futuro su propia vida.
En
tercer lugar las, en ocasiones, peculiaridades derivadas de la conducta de las
propias víctimas. En el caso del asesinato en Galicia, el asesino se encontraba
en prisión como consecuencia de la denuncia de su anterior pareja, situación
que obviamente era conocida por su actual compañera, que, no obstante,
intervino para que le fuera concedido el permiso penitenciario que ha sido
aprovechado vilmente para poner fin a su vida.
En
cuarto lugar, es destacable la presencia en uno de los dos crímenes de este fin
de semana de un ciudadano emigrante, dato este que viene a confirmar una
tendencia que se desprende de las estadísticas, que acreditan una concentración
del riesgo derivado de la violencia de género en el colectivo de la emigración,
dato que, por otra parte, no cabe en modo alguno atribuir a ninguna mentalidad
xenófoba, sino a la consideración de las circunstancias específicas de
personas que proceden de sociedades más atrasadas que la nuestra, con una
presencia normalmente superior de la violencia en las relaciones sociales,
incluidas las de pareja, y con una quiebra profunda de su modo de vida anterior
como consecuencia de la, a menudo, separación producida al iniciar sólo uno de
los miembros de la pareja, en muchos casos la mujer, la aventura de la emigración,
que les pone en contracto con una sociedad con costumbres muy distintas y un
mayor nivel de libertad. Son estas circunstancias las que pueden en parte
explicar, nunca justificar, esa concentración creciente del riesgo derivado de
la violencia de género en el colectivo inmigrante. Y es bueno reconocerlo y
analizarlo en profundidad para poder a su vez responder al mismo con una
concentración de los esfuerzos en dicho colectivo, contando necesariamente con
su participación no sólo como destinatarios, sino, sobre todo, como
protagonistas activos de la lucha contra esa lacra violenta.
En
quinto lugar, y no por razón de menos importancia, la existencia todavía de
fallos en los distintos mecanismos de protección de las víctimas, bien sea en
el sistema de control de los
delincuentes, como ha ocurrido en uno de estos dos crímenes, bien sea por la
concesión, sin duda desacertada, de permisos penitenciarios, o, finalmente, por
deficiencias de conexión de los diversos registros judiciales y policiales en
la materia. En definitiva, perviven demasiados fallos que urge corregir por
cuanto están en juego la vida de muchas mujeres.
Todo
lo anterior sirve para poner de manifiesto las dificultades de la lucha contra
la violencia de género.
Pero
en modo alguno dichas dificultades nos pueden arredrar en nuestra determinación.
La unanimidad con que la representación del pueblo español aprobó la Ley
Integral de Violencia de Género, a iniciativa del Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, es la prueba más clara de la decisión irrevocable del pueblo español
de poner fin a una violencia que es la lacra más horrible de una cultura de
predominio del varón sobre la mujer y que, si bien legalmente ha sido
arramblada por las disposiciones que desarrollan las previsiones
constitucionales sobre igualdad del hombre y la mujer, intenta pervivir por el
único camino que le queda, el de la violencia, y que no conduce nada más que
al horror, como hemos podido comprobar este fin de semana.
El
estremecimiento que hemos experimentado al conocer estos nuevos crímenes, que
vienen a añadirse a la larga lista acumulada en lo que va de año, no puede
sino movernos a trabajar con más fuerza y determinación para poner fin al
mismo, siendo capaces de unir a dicha fuerza y determinación una firme voluntad
de analizar a fondo la realidad cambiante de la violencia de género y una
sensible inteligencia para poner en práctica los medios adecuados para
abordarla en su realidad actual.
Tal
es, desde luego, el firme compromiso del Gobierno de España y de todas las
instituciones que apelamos en esta materia a toda la sociedad a que siga
permanentemente comprometida en la lucha contra esta rémora que nos impide
asentar plenamente entre nosotros una sociedad en la que el hombre y la mujer se
reconozcan iguales porque ambos disfrutan de la misma libertad.
Ricardo
Peralta Ortega
Yo
seguiré dando la cara
La
Fundación «Frente a la Discriminación y los Malos tratos Tolerancia Cero»,
impulsada por la Generalitat con la colaboración de Bancaja, se constituye como
una organización sin ánimo de lucro con el objetivo de luchar contra cualquier
situación social y cultural que impida la plena equiparación de derechos de la
mujer con el hombre, o que comprometa la igualdad a que tiene derecho la mujer
en nuestra sociedad.
Nuestro
objetivo prioritario es garantizar la aplicación del principio de igualdad de
trato de las personas y la no discriminación.
Especialmente,
queremos implicar a la sociedad en la lucha contra la violencia que sufren las
mujeres, fomentar una actitud crítica, solidaria y comprometida frente a estas
situaciones, contribuir a romper el silencio social aún existente sobre el tema
y facilitar a la ciudadanía el acceso a los recursos existentes.
En
este sentido, este año, en nuestra Fundación, seguimos trabajando para
concienciar, sensibilizar e informar de los recursos que hay en nuestra
Comunitat a disposición de toda la
población, con un único objetivo: apoyar y ayudar a las mujeres que sufren
malos tratos, y a sus familias.
Porque
una mujer que sufre violencia en su hogar, por su cónyuge, pareja o expareja,
no es la única víctima. Junto a ella hay un entorno familiar y social que está
recibiendo también sus consecuencias, algunas de ellas quizás irreparables
como es el caso de sus hijas e hijos. Por
no hablar también de las personas que viven junto a ellas y que en múltiples
ocasiones reciben la violencia del agresor.
El
efecto dominó se reproduce también con frecuencia, en todo el entorno de cada
una de estas mujeres, especialmente, en aquellas mujeres más vulnerables por
falta de recursos personales económicos o sociales.
Así
surge la campaña «YO DOY LA CARA POR LAS MUJERES MALTRATADAS» impulsada por
Tolerancia Cero, que busca una respuesta de implicación social, que facilita
información de los recursos públicos disponibles en nuestra Comunitat, y que a
su vez nos sirve para recibir de la población los datos necesarios para
identificar las necesidades que encuentran.
Nuestro
objetivo final, es ayudar de una forma más efectiva, a las miles de personas
que sufren de forma directa o indirecta el drama de esta violencia.
Y
podemos hablar de números, de datos, de ideas que se van fraguando después de
que cerca de 19.000 personas se nos hayan acercado
sumándose a la campaña, con su fotografía, con su mensaje, contestando una
encuesta, y en definitiva dándonos aquello que es tan preciado hoy, su Tiempo y
su Imagen.
Casi
19.000 personas que reclaman pues, con los medios a su alcance, leyes más duras
con las penas a los maltratadores y, que el miedo y la falta de seguridad frente
al maltratador se eliminen en nuestra Comunitat, dando seguridad e independencia
a las víctimas.
Y
todo ello nos lo dicen personas anónimas que por esta causa se «retratan»,
mujeres y hombres, con perfiles muy
diferentes, que reconocen esta grave problemática social, y en muchos casos,
por experiencia próxima.
Y
descubrimos también, que aún hoy en la era de la información -nunca antes
hubo tanta información y tan puntal al respecto- hay muchas personas que no
sabrían donde acudir en caso de sufrir malos tratos o de ayudar, porque carecen
de la información adecuada.
Esta
afirmación, lamentablemente, la hace un alto porcentaje de la población más
joven, y especialmente, un 40% de las mujeres entre 18 y 35 años que han
participado en nuestra campaña.
Por
otra parte, es alentador ver como la población joven se ha implicado en esta
campaña, porque sólo desde los cambios educacionales y actitudinales pueden
realmente producirse los cambios sociales que estamos necesitando.
Y
ahora qué?
Ahora,
hay que dar pasos adelante, actuar en las necesidades detectadas, con proyectos
que vayan a la causa real de esta lacra.
Desde
nuestra Fundación vamos a seguir trabajando la prevención, con la población más
joven pero también, sin olvidar que es la sociedad mediante campañas
informativas la que necesita estar «proactiva» para hacer frente común; y
como siempre con las víctimas mediante convocatorias de ayudas y apoyo a los
profesionales que hacen posible su reinserción.
Ahora
hay que seguir avanzando, y no retroceder, unir esfuerzos para conseguir más y
mejores recursos, trabajar para prevenir desde la infancia con las
instituciones, con los diferentes agentes sociales, para que sea la sociedad
entera quien de forma unívoca, reconozca este grave problema como asunto suyo,
y que cada persona sea capaz por convencimiento personal de poder decir, por las
mujeres que sufren esta violencia, por sus hijas e hijos: YO SEGUIRÉ DANDO LA
CARA.
Mª
Reyes Selvi .Gerente de la
Fundación Tolerancia Cero
Congreso Internacional
periodistas e investigadores de la comunicación
Declaración
de Valencia
En
Valencia, reunidos en un Congreso Internacional periodistas e investigadores de
la comunicación, con agentes sociales y representantes de las administraciones,
se formula la siguiente declaración institucional, que resume el contenido del
informe elaborado tras un amplio debate sobre el tratamiento informativo de la
violencia contra las mujeres.
1º.-
Los Medios de Comunicación pueden dar un importante paso para que el
tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres contribuya al cambio
radical al que aspira la sociedad, cumpliendo los códigos de buenas prácticas
reconocidos por la profesión. Los medios, sin embargo, no deben ser
considerados los principales responsables del problema, ni los encargados de
encontrar su solución.
2º.-
Este tratamiento exige una profunda preparación de la profesión periodística,
que incida de forma rigurosa en la función informativa de los medios, sin
olvidar su función pedagógica y de referencia, para lo cual deberán recibir
una formación específica, con arreglo a los criterios de la especialización y
la ética periodísticas. En este sentido apelamos a las facultades de Ciencias
de la Información o de la Comunicación para que introduzcan estas materias
como obligatorias en los planes de estudio.
3º.-
Es necesario que los contenidos actuales prescindan de los elementos orientados
al mero espectáculo o a la simple curiosidad, por estar elaborados con bases frívolas,
morbosas o sensibleras, con el único fin de captar la atención del público.
Se abusa de los testimonios, del trabajo inexperto, a veces sin supervisión, de
expresiones poco afortunadas y de una edición basada, en ocasiones, sólo en
pautas de búsqueda de audiencia y sin criterio.
4º.-
La o el periodista especializado que trata estas materias debe asumir su
compromiso con la verdad, con el bien, con la dignidad de las personas y con el
rechazo de la violencia contra las mujeres, y debe elaborarlas sin equívocos
gestos de neutralidad, asumiendo no sólo su papel transmisor sino también su
labor divulgativa, contextualizando, documentando, recurriendo a fuentes
expertas, y elaborando un mensaje periodístico que atienda los intereses y
necesidades de la sociedad en su conjunto, y ofreciendo información útil de
los recursos ya disponibles que deben hacer posible una auténtica cultura de la
prevención.
Para
eso tiene que utilizar todos los recursos que le ofrece su profesión, salvar el
anonimato de la víctima, respetar la voluntad de quienes declaran y presentar
modelos adecuados para conseguir influencia social positiva, sin necesidad de
erigirse en juzgador o juzgadora. Por otra parte, es necesario huir de los
estereotipos (el alcohol, las drogas, la enfermedad, el crimen pasional, y
otros) al exponer las razones de la violencia contra las mujeres. La razón por
la que algunos hombres violentos maltratan a sus compañeras es la creencia errónea
de que son superiores a ellas.
5º.-
Para hacer viable esta especialización, se debería favorecer la creación de
una sección o un bloque informativo habitual que tratara en los medios de
comunicación estas temáticas bajo el epígrafe más genérico, por ejemplo, de
‘Asuntos Sociales’, y se deberían atender como prioritarios los aspectos
formativos, aprovechando la especialización de los y las periodistas que
trabajan en áreas afines. De este modo se facilitaría la edición de este tipo
de informaciones en su ubicación adecuada, sin tener que recurrir a la sección
de sucesos o a la genérica de sociedad.
6º.-
Por su parte, las personas expertas, los agentes sociales implicados y las
administraciones competentes deben asumir su responsabilidad como fuentes
informativas, profesionalizando la función de comunicación, facilitando el
acceso a la información y aplicando políticas de transparencia, para asumir su
propia responsabilidad social, del mismo modo que deben hacerlo las empresas
informativas.
7º.-
Para conseguir un cambio cualitativo, que pueda identificarse con una mejora
real en el tratamiento en los medios de la violencia contra la mujer, es
absolutamente necesaria una participación activa y coordinada de todas las
instancias implicadas, asumiendo cada una su papel y facilitando el de los demás,
optimizando los recursos y ofreciendo cauces de apoyo a la formación, la
investigación y la autorregulación orientadas a mejorar el tratamiento
informativo de esta materia. Así se podrá llegar al objetivo de todas ellas,
que no es otro que el de contribuir a la erradicación definitiva de esta lacra
social.
1er
Congreso Internacional Mujer y Medios de Comunicación - CIMMCO 2008.
‘Violencia contra la mujer: ¿información o espectáculo?’
-Conselleria
de Bienestar Social
-Fundación
Tolerancia Cero
-Fundación
COSO
Valencia,
27 y 28 de octubre de 2008